El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha instado a retomar «la unidad jurídica» en relación al pazo de Meirás, indica al demandar a Estado y Xunta la presentación de un recurso por la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ratificó este inmueble como parte del patrimonio público, pero que establece el pago de una indemnización a los herederos del dictador por los gastos desde 1975.

Además, informa que su alcalde, Benito Portela, envió, el pasado 23 de febrero, cartas a los máximos representantes del Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña para recurrir conjuntamente este fallo.

En un comunicado, subraya que que las dificultades «técnicas» de un recurso ante el Tribunal Supremo «no pueden servir de excusa». «No puede tolerarse pasivamente la buena fe retroactiva a 1975», señala en referencia a los argumentos de la sentencia.

«La buena fe de Franco y de los Franco no puede tolerarse y hay que combatirla hasta el final», indica el regidor de Sada, Benito Portela, quien pide «un acuerdo unánime del Parlamento gallego y el Estado para recurran la sentencia conjuntamento con el Ayuntamiento de Sada, Diputación y Ayuntamiento de A Coruña», después de que estas tres instituciones si anunciasen su intención de hacerlo.

El Ayuntamiento de Sada ya demandó explicaciones públicas el pasado 18 de febrero «de las razones por las que el Estado toleraba pasivamente, sin recurrir, una sentencia que reconoce la condición posesoria de buena fe de los Franco, desde el propio dictador hasta los actuales herederos», así como la compensación por los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora), desde 1975.

Para el consistorio, «el anuncio de los Franco ante la Audiencia Provincial de su intención de recurrir en casación la sentencia del pazo, debería obligar al gobierno del Estado y a la Xunta a reconsiderar su anunciada decisión de no recurrir el pronunciamento del fallo», señala tras la decisión inicial de ambas administraciones.

Con todo, este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que ahora la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la administración gallega estudian conjuntamente la posibilidad de un recurso.