El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha demandado explicaciones públicas «de las razones por las que el Estado tolera pasivamente, sin recurrir, una sentencia que reconoce la condición posesoria de buena fe de los Franco, desde el propio dictador hasta los actuales herederos y debe compensarlos por los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora), desde 1975».
Sobre la liquidación posesoria de buena fe de los Franco desde 1975, afirma que «no solo va radicalmente en contra de lo defendido por la Abogacía del Estado en el proceso judicial sino que también supone una alteración sustancial del relato histórico de lo acontecido en Meirás, convirtiendo a los Franco y al propio Franco de espectadores pasivos del que allí aconteció».
«Una decisión del Gobierno del Estado que, además, compromete el ejercicio de las acciones procesales en materia de recursos de las otras partes personadas», como parte adherida a la demanda del Estado com el caso de Sada. Y, añade, «compromete también acciones judiciales futuras de otras administraciones en futuras demandas de recuperación de bienes detentados por los Franco».
El Ayuntamiento de Sada, que asegura que no hay «razones jurídicas» para no recurrir, apunta que «si el Gobierno entiende que no procede la interposición de recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, lo que espera y exige la ciudadanía gallega en general, y sadense en particular, es explicitar tal decisión, y no, simplemente, decir que la sentencia es positiva para el Estado».
«Y también debería justificar si es positivo para los intereses públicos y democráticos que una sentencia, en el 2021, considere a Franco como un simple actor pasivo que nada participó en el proceso y que únicamente quiso regularizar y legalizar un título de propiedad radicalmente nulo».
«El Gobierno está a tiempo de rectificar y recurrir la sentencia y eso es que lo se espera en un Estado democrático de Derecho», añade en un comunicado.
