La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma que el pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público, pero que rechaza que los herederos del dictador Francisco Franco sean poseedores de «mala fe» y confirma su derecho a recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975.
Así lo han confirmado a Europa Press desde el Ministerio de Justicia, que han argumentado que no se presentará un recurso al entender que el fallo es «favorable» a los intereses del Estado. En cuanto a la indemnización, han indicado que el procedimiento es que los Franco planteen una cuantía. «Y sobre esa cantidad se valorará», han expuesto.
Al respecto, el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina cifró, en declaraciones a Europa Press, en un importe «sensiblemente superior a 800.000 euros» solo la indemnización que correspondería a sus clientes por «la reconstrucción» del inmueble. Además, ya avanzó que esta cifra se aumentaría de forma «muy considerable» al incluirse tanto los gastos de mejora como los de conservación hasta el año 2020, «impuestos incluidos», apostilló.
Frente a la tesis del Estado, el Ayuntamiento de Sada ya avanzó su intención de presentar recurso al discrepar de la sentencia en relación a que no hubo «mala fe» por parte de los herederos de los Franco –la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sí consideró que la hubo– y los argumentos de la Audiencia sobre la liquidación del estado posesorio.
Mientras, los Franco ratificaron que ultiman el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo, confiados, según ha expuesto su letrado, en que la Justicia les acabe dando la razón y puedan recuperar el inmueble.
«TUFO FRANQUISTA» PARA EL BNG
Por su parte, el diputado del BNG en el Parlamento gallego Luís Bará, que anuncia la presentación de una iniciativa para que la Xunta presente recurso, sostiene que la sentencia de la Audiencia coruñesa «despide un insoportable tufo franquista». También argumenta que son los Franco los que tienen que pagar «por todo lo que robaron» y no Galicia «dos veces».
El nacionalista considera que el fallo hace una valoración de los hechos «favorable y a beneficio de los Franco» por la indemnización que les reconoce y por el hecho de que lo haga desde 1975 «y no desde 2018 cuando fueron declarados herederos», cita entre otros argumentos.
Para el BNG, se trata de una sentencia que busca «legitimar y blanquear el franquismo». Además, su diputado exige «responsabilidades a todos los poderes del Estado que desde 1975 favorecieron y protegieron los intereses de los Franco», apunta citando al rey emérito Juan Carlos I.
Asimismo, califica de «lamentable» el papel de la Xunta y las declaraciones del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, «asumiendo que hay que indemnizar a la familia» y sostiene que esto puede «incidir negativamente en otros bienes expoliados como la Casa Cornide o las esculturas del Mestre Mateo».
