El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, considera que la sentencia sobre la propiedad del Pazo de Meirás demuestra «que las cosas se hicieron mal» y defendió el papel del organismo provincial para «mentalizar a otras instituciones» para iniciar el proceso judicial.

En rueda de prensa, González Formoso destacó que el fallo judicial pone en evidencia que la cesión del inmueble se hizo «de manera truculenta». «La justicia acaba de poner negro sobre blanco que se hicieron cosas mal y que hay representantes institucionales que pretenden poner las cosas en su sitio», apuntó.

«Hicimos una labor de mentalización de otras instituciones», defendió González Formoso, que añadió que el proceso judicial hubiera sido «imposible» si no fuera por el «gobierno progresista».

«SILENCIO» DEL PP

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, recordó que el anterior Gobierno central, del PP, no respondió las peticiones de la institución: «El silencio fue elocuente. El PP nunca se involucró en la memoria histórica».

Regueira agradeció a la sociedad civil que «mantuviera viva la necesidad de hacer justicia». «Lo que me entristece es tener que celebrar un hecho como este 40 años después; debería estar resuelto políticamente desde hace años», censuró el vicepresidente del organismo, que cree que es una «primera victoria» en la recuperación de la memoria histórica.

PRENDER UNA MECHA

El profesor de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Xabier Ferreira, admitió que su informe, de febrero de 2018, había «prendido una mecha» en el inicio del proceso judicial, pero también reconoció que tuvo «serias dudas» en aquel momento de que pudiera haber una sentencia como la conocida esta semana.

«La sentencia es muy buena, muy bien armada y trabajada, con una fundamentación fáctica fantástica», enumeró el experto, que destacó el trabajo «ímprobo» de los historiadores en la elaboración de otros informes y documentos utilizados por la Abogacía del Estado en el juicio.

Ferreira recordó que la sentencia es recurrible por lo que, auguró, «un camino largo», pero considera que el fallo es «esperanzador». A este respecto, el presidente de la Diputación opina que es la Abogacía del Estado el que tiene que decidir si pedir la ejecución de la sentencia: «Hay que esperar a que repose y meditarlo».