El juicio por la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público arrancará este lunes, día 6, con la expectativa de que se acabe con el «expolio franquista» y el inmueble pase a ser «un bien público». «Sería una fiesta democrática», asegura, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), Fernando Souto, en caso de existir un pronunciamiento favorable a las tesis del Estado.

Se trata de un proceso judicial para el que se ha fijado toda la semana y que se celebrará en la antigua sede de la Audiencia de A Coruña, por cuestiones de espacio, aunque la causa corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

En él, figura como demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada, donde se ubica el pazo, y A Coruña. Como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.

Este procedimiento llega a los tribunales después de que el Pazo de Meirás fuese declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. Un año después, la Cámara gallega aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.

Con posterioridad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco basándose, entre otras cuestiones, en un documento datado el 3 de agosto de 1938 y firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, fue «fraudulento» porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.

PROPIEDAD DEL ESTADO O PRIVADA

El debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, se prevé que se centre en los calificados por las partes como «hechos controvertidos», en particular la escritura del año 1941 del inmueble. Y es que para la Abogacía del Estado se trata de una escritura «simulada», frente a la «legalidad» de la misma que defiende la familia Franco.

Las administraciones personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso «coactivo», que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía la gestión del pazo como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.

A la demanda interpuesta por el Estado, a la que se han adherido las demás administraciones, la familia Franco ha aportado una serie de documentación con la que quieren «hacer valer» que el inmueble es de su propiedad. En la misma figuran pólizas de seguro y declaraciones de la renta de Francisco Franco del año 1960 sobre el ejercicio 1959 y del año 1958, en la que figura el Pazo de Meirás como propiedad, así como los rendimientos agrícolas por fincas destinadas a cultivos.

TESTIGOS Y PERITOS

La versión de una y otra parte tratará de ser respaldada o negada, según el caso, por los diferentes testigos que declararán. El primer día serán siete: el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña y el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.

También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.

En los días posteriores será el turno de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del informe sobre actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de A Coruña, dependiente del Ministerio del Ejército, en el Pazo de Meirás, y del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’.

También del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y que realizó, en junio de 2018, el informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el pazo.

«BUENAS EXPECTATIVAS» PARA LA CRMH

A los informes existentes se ha remitido la Diputación de A Coruña, que promovió, con la presencia de expertos, la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás. Desde este organismo se expresó en los últimos días la confianza en que el juicio ponga fin al «expolio del franquismo» y que sea «el último paso» para recuperar el inmueble como «bien público».

En similares términos se manifiesta el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), Fernando Souto. «Las expectativas son muy buenas, la argumentación de la Abogacía del Estado es muy sólida, basada en documentación», asegura sobre las condiciones en las que se produjo la adquisición del inmueble por parte de Franco. «En 1938 hay un documento notarial donde los herederos de Emilia Pardo Bazán vendían al gobernador civil el Pazo de Meirás».

Del proceso, indica que el inmueble se le entregó con posterioridad a Franco «como jefe de Estado» y que dos años después se decretó una Ley de Patrimonio «por la que el jefe del Estado decidía que era del Estado y que era de él». Después, asegura que Franco decidió que el inmueble «era de él». Con posterioridad, en 1941, se produciría, según sostiene la Abogacía del Estado, una venta «simulada».

«La historia oficial del Estado español se podría ver alterada con esta sentencia ya que hoy en día se dice que fue una donación y, si se gana, sería una venta simulada», recalca el presidente de la CRMH. «Estamos muy ilusionados», ha insistido ante la posibilidad de un fallo favorable.