Carmen pasa de los cuarenta años, vive en un piso de alquiler en un pueblo cabeza de comarca rural. La mayor parte de su vida laboral estuvo ligada a la hostelería, cocina o camarera de habitación en hoteles. Cuenta que en el último hotel donde estuvo trabajando “iba muy bien, pero las condiciones eran terribles, trabajaba de noche y para cuidar al niño tenía que estar aquí mi madre”. El hotel cerró, Carmen lleva desde entonces casi cuatro años sin trabajo.

A esto se añade que su situación personal pasa por una tramitación de divorcio paralizada por el estado de alarma. Vive sola con su hijo de siete años y paga un alquiler de 300 euros. Para hacerle frente “cobro a RISGA que son cuatrocientos y pico y el padre del niño me pasa dinero cuando quiere o puede y también estuve cobrando la ayuda familiar durante dos años”.

EL DÍA A DÍA

La alimentación, las facturas y otros gastos imprescindibles, son el gran caballo de batalla para Carmen y todas las personas que viven en una situación semejante. Recurre a Portas Abertas, una asociación que busca la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el rural. “Recibo alimentos no perecederos, compro congelados, pescado y se compro por el, pues el más barato”. “No hago mucha comida, si hago de más, pues la congelo”. Ella misma reconoce que hace equilibrios para que no falte de nada. También cuenta con la ayuda de vecinas que “tienen gallinas y me pasan huevos”.

Sobre los pagos de luz y agua, Carmen señala que “las facturas de luz pues me las paga la Xunta, luego cada cierto tiempo viene la factura de gas, si no puedo pagar no me lo cobran”. Aun así, ella misma dice que no puede estar acumulando facturas porque después no podrá pagar toda esa cantidad de dinero. “Voy pagando cuando puedo”. “La otra factura es el teléfono, que cuando me pasan la paga ya me lo descuentan”.

Por otra parte, cuando puede recoge trabajos de limpieza cuando la llaman. Mas ahora, con el estado de alarma a gente no llama tanto por miedo. El motivo es que normalmente son personas mayores que necesitan “que les limpie una cocina o un cuarto, pero con esta situación, nada”.

DE CARA A EL FUTURO

Otro tema es su hijo de siete años. Con el confinamiento dejó de asistir a la escuela. Carmen se queja de que algunas cosas no se pensaron bien de cara al alumnado. Aparte de que ella misma hace de profesora, Carmen no ve bien que no hubiera más ayuda para imprimir el material escolar. “Si tenemos impresora bien, sino, tenemos que pagarla, eso sí que no lo estudiaron muy bien”. Tiene internet en casa porque “hago milagros como puedo” pero sí puede tener conexión.

Sobre el rendimiento escolar de su hijo “este año no iba muy bien porque cambiaron de maestro y de método, el orientador habló conmigo para poder sacarlo adelante”. Ahora que tienen que estudiar en casa, “los profesores me envían emails diciendo que ven mejora y que va bien, pero yo no sé qué pasará con este curso”.

Mientras cobra la RISGA, Carmen está haciendo el curso de competencias clave para acceder después al curso de sociosanitario “que es lo que más se demanda por aquí, para cuidar a personas mayores”. En el pueblo donde vive y en los ayuntamientos de alrededor hay varias residencias para gente mayor. “Creo que tendría posibilidades”.

En caso de que fuera necesario mudarse de lugar para uno nuevo trabajo, Carmen dice que estaría dispuestas, mas la situación legal sobre su separación sería un impedimento para irse. “Si me voy a vivir a otro lugar puede denunciarme, aunque yo tenga la custodia, él tiene su régimen de visitas, entonces habría que volver a juicios y no tengo ganas”.

De momento Carmen y otras personas están esperando a que, poco a poco, la situación mejore para atender sus necesidades. Mientras tanto, las rentas sociales van aliviando la situación de personas que viven en el rural, incluidos niños y niñas sin conexión a la red, algo fundamental para los tiempos que corren.