La protección de corrientes de agua tanto superficiales cómo subterráneas incluye desde 1996 la denominada “contaminación por los nitratos procedentes de actividades agrarias”. Esta legislación entró en revisión con un proyecto de Real Decreto ( RD)que reconoce la “contaminación difusa” por nitratos de todo tipo de acuíferos. Así, el preámbulo del proyecto de RD señala que este hecho se ponen de manifiesto por las elevadas concentraciones de nitratos que se registran en determinadas masas de agua, causadas por los excedentes de productos inorgánicos u orgánicos usados como fertilizantes. Este hecho es especialmente preocupante cuando alcanza a aguas que se destinen o se vayan a destinar al abastecimiento de la población”. Mas hay voces que solo ven una declaración de intenciones sin especificidades y sin “ambición”.

FALTA DE AMBICIÓN
Ecologistas en Acción calificaba el proyecto del Gobierno Central como un documento carente de “ambición”, de no ser lo suficientemente ambicioso para la protección de las reservas de agua frente a los efectos nocivos de los purines procedentes de la ganadería intensiva. La acumulación de los restos orgánicos “y no orgánicos a veces” de estas explotaciones hacen que el tratamiento de estos residuos sea cuando menos lento y difícil. “Los purines podrían ser tratados como restos naturales, pero no son tratados según las formas que proceden” señala Montse Valencia de Ecologistas en Acción.

Desde la Consellería de Medio Rural, apuntan que “Galicia presentó diferentes alegatos al proyecto de decreto estatal de nutrición sostenible de los suelos agrarios, para que se tengan en cuenta las particularidades de nuestra comunidad y de sus explotaciones”. A juicio de la Xunta, cualquier medida en este sentido “debe tener una implantación gradual y adaptada la cada territorio”.

“Hay zonas en Galicia donde la gestión de los purines es cómo se no existiera, mientras que se evalúa la construcción de instalaciones para el tratamiento sin ninguna previsión” señala Valencia. Por su parte, la Consellería de Medio Rural informa que está “subvencionando” desde el año 2018 a través de los planes de mejora “a adquisición de cisternas con sistemas de aplicación de purín (inyector o depositador)”.

La legislación española y gallega conforme a las directrices de la Unión Europea, son cada vez más restrictivas. Así, Medio Rural apunta que “impulsa medidas como la Ley de recuperación de la tierra agraria, actualmente en trámite en el Parlamento”. El objetivo es “el aumento de la base territorial de las explotaciones. Esto redundará en una extensión de la producción y, por lo tanto, en una mejor gestión de estas deyecciones”.

“Las macroexplotacións por ejemplo, tienen una afectación sobre la salud humana y esto no está regulado” dice Valencia. La extensión de las explotaciones sería un intento de buscar salidas rápidas a la sobreprodución de residuos. “Pueden crearse balsas impermeables, acotar terrenos donde no se pueda echar purín, y aun así se sigue haciendo y las tierras no absorben tanta cantidad de nitratos”.

CONTAMINACIÓN DE AGUAS

Nadie en el rural quiere macroexplotaciones en Galicia” señala Montse Valencia, pero la tendencia apunta a la creación de este tipo de producción. Entonces, como eliminar las aguas fecales producidas en estas macrogranjas? “Por ejemplo, en la Limia convocaron la Mesa da Limia para tratar un Plan de Restauración de tierras afectadas por vertidos, estaba convocada en marzo, de momento no hay avances”. Para Ecologistas en Acción “no saben darle salida y por tanto no tienen soluciones”.

El departamento de José González señala en este sentido “la puesta en marcha del Centro para el impulso de la economía circular, que cuenta con un sistema de gestión integral de los purines excedentarios, entre otros”. Una iniciativa que quiere optar a los fondos Next Generation de reconstrucción post- covid. A esto le suman la finalización de la primera fase del plan de pastos de Galicia que afecta a 560 hectáreas de pasto en montes vecinales al contado común. Queda la segunda fase que está previsto añada 1.300 hectáreas la este plan.

¿La ampliación de terrenos donde poder verter residuos orgánicos de las granjas puede afectar a las personas? “En A Limia los pozos particulares están contaminados por encima de los límites permitidos” apunta Montse Valencia que además añade: “los cribados por cáncer de colon podrían demostrar se hay o no un problema de salud para las personas”.

La situación se vuelve más complicada cuando se piden responsabilidades ante la afectación del agua por nitratos. “Todo lo referente a aguas, la Xunta remite a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil”. Este punto es confirmado por Medio Rural y más en concreto en el caso de A Limia: “en el caso de las cuencas intercomunitarias o internacionales, como es la del Miño-Sil, los órganos competentes son las confederaciones hidrográficas”. Además añaden que estos organismos disponen de puntos de control sobre nitratos y además “son los que tienen potestad sancionadora conforme a sus normativas sectoriales”.

La contaminación por restos orgánicos animales, deyecciones o purines es un problema que, en poco tiempo, según colectivos ambientalistas, vecinales y políticos, puede rebosar a las diferentes administraciones. Estas últimas, con facultades sancionadoras, son señaladas por los colectivos civiles y ambientalistas cómo “tímidas” cuando toca aplicar la legislación o ampliar a misma.