La indemnización por despido supone un caballo de batalla tanto para empresarios como trabajadores. Compensar a la persona despedida con una cantidad en relación a los años trabajados en la empresa no es un sistema muy extendido. Dentro de la UE, nueve de los 27 países que la conforman sí reconocen, cada uno de una manera distinta, el derecho a la indemnización segundo los parámetros del Convenio OIT (Organización Internacional del Trabajo) n.º 158 de 1982.

El convenio establece que, como regla general, el despido debe estar justificado en una causa relacionada con la capacidad del trabajador, su conducta o las necesidades de la empresa. También se establecen una serie de motivos que en ningún caso pueden justificar la extinción del contrato como la discriminación, maternidad, represalias o afiliación sindical entre otras.

REDUCIR COSTES

La reforma laboral de 2012 permitía una mayor flexibilidad al momento de despedir trabajadores. Entre las causas que podía aducir el empresariado sería la reducción de cuestes ante la falta de ingresos suficientes. Además, se reducía la cuantía a pagar por año trabajado, pasando de 45 días por año a 33 y de pagarla en 42 mensualidades a 24.

Las cifras de las indemnizaciones en España, por tanto en Galicia, son “mayores que la media de la UE donde hay países en que no existe indemnización” dice Jorge Cebreiros de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). “Nuestro modelo es gravoso para la empresa porque esta tiene que liquidar íntegramente la indemnización en ese ejercicio fiscal”, por eso una alternativa según el presidente de los empresarios pontevedreses sería prorratear ese despido durante el tiempo que el trabajador está en la empresa.

Como ejemplo de ese prorrateo del despido los empresarios ponen a la “mochila austríaca”, sistema creado en Austria en 2003 y que supone añadir en una cuenta a nombre del trabajador una cantidad de dinero mensual en proporción al posible despido. Si el trabajador o trabajadora cambia de empresa puede ir con esas cantidades acumuladas al nuevo puesto laboral y sumar la nueva cantidad prorrateada.

BLINDAR LAS INDEMNIZACIONES

Desde los sindicatos tienen claro que este modelo de la “mochila austríaca” no tiene otro objetivo que hacer más barato el despido. La razón es que si las empresas pagaran cantidades prorrateadas a los trabajadores aumentarían sus gastos, y la alternativa para evitar esto es la temporalidad y precariedad laboral. “No es el momento de hablar sobre este tema” responde José Antonio García de UGT Galicia. “Hay que derogar la reforma laboral hecha de manera unilateral por el gobierno del PP, a partir de ahí podremos hablar de modelos de pensión”.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, entiende que “se está pervirtiendo la idea detrás del modelo de mochila, porque esa propuesta viene de un país que laboralmente no tiene comparación con el modelo español”. La CIG entiende que esta idea “importada” no sirve “porque de aplicarse, facilitaría aún más los despidos” en un momento económico y social en que “aún no estamos en los niveles de empleo de 2008”.

La postura de la patronal también se asienta sobre la escasa flexibilidad del mercado laboral que, según apuntan, tendría que ser revisada para ser más “eficiente”. “Lo que quieren los empresarios es un mercado laboral a la carta” dice Maica Bouza de CCOO, que describe el actual mercado laboral como “ triplemente flexible” con el modelo de contratación, con el despido y las condiciones laborales.

“La indemnización existe porque hay una vulneración del derecho del trabajador que está desprotegido frente el empresario” dice el secretario general de la CUT, Ricardo Castro. El análisis que hace Castro es que las indemnizaciones fueron reduciéndose porque “los períodos de trabajo en las empresas son muy cortos, la vida laboral de personas de 30 o 40 años es muy cambiante”. Esto lleva implícito, segundo a CUT, una rebaja sustanciosa en beneficio del empresariado.

Hacer más barato el despido, o eliminarlo, sería para la patronal una manera de no presionar más a las empresas. Por su parte, los sindicatos consideran necesario el aumento y el blindaje de las indemnizaciones juntamente con la previa derogación de la reforma laboral de 2012. En tal caso, este punto de desencuentro entre patronal y sindicatos no parece ser fácil de abordar.