El último informe del Instituto de Salud Carlos III indicaba que nuestra comunidad tiene el mayor número de casos por COVID sin contacto conocido. Sería necesario saber quién son los contactos más próximos a la persona infectada para “aislar” el círculo de posibles infecciones. Esto se puede hacer mediante un rastreo de esos posibles casos usando los datos sanitarios que figuran en el sistema IANUS del SERGAS. La pregunta es, ¿van a acceder empresas privadas a nuestros historiales clínicos para hacer negocio?
RASTREADORES
“Un rastreador o rastreadora es una persona que busca los contactos de un positivo por COVID-19” dice Manuel Martín de la Plataforma SOS Sanidad Pública de Galicia (PSPG). “Buscan a quien pueda estar contagiado para aislarlo”. ¿Quién realizará esta tarea? La idea perfilada por ahora desde sindicatos y profesionales médicos, es la creación de un grupo de seguimiento telemático. Una serie de llamadas para conocer los síntomas y quién estuvo junto a la persona contagiada para iniciar el proceso de aislamiento.
¿Quién ejercerá como “rastreador”? De momento, según las fuerzas sindicales y la PSPG, la Consellería de Sanidad hasta ahora no ha ofrecido datos sobre quién y cómo actuarán en esta tarea. Y aquí es donde está el riesgo para los defensores de la sanidad pública. “Esta es una actividad que necesita de formación y entrenamiento para detectar los contactos de riesgo” dice Manuel Martín. Otra cuestión es que desde SOS Sanidad Pública también se denuncia “la falta de personal que podría estar disponible en Galicia, pero que se ha ido por culpa de unas condiciones laborales pésimas, de casi esclavitud, con 100 o 200 contratos por año”.
Esa formación y entrenamiento ya figuran entre el personal que conforma las listas de contratación del SERGAS. “Son profesionales de todas las categorías muchísimo mejor preparados y formados y dispuestos a trabajar” destaca Javier Martínez de UGT. Y por que no se llama a la gente de listas de contratación? “El SERGAS dice que concertó este trabajo con una empresa de teleoperadores a la que proporcionaron formación específica pero no dicen que empresa ni que formación” denuncia María Xosé Abuín de la CIG. Todos los sindicatos y defensores de la sanidad pública coinciden en definir como “ oscurantista” la actitud del departamento de Vázquez Almuíña.
Ante la insistencia de las formaciones sindicales sobre quien llevaría la contratación para lo “rastreo” de la COVID, Javier González de CC. OO, dice que durante las reuniones con el departamento de Sanidad Pública, dependiente de la Consellería de Sanidad, la respuesta fue “que no estaban obligados a contestar porque además esa no era nuestro área” en referencia a que el departamento de Sanidad Pública no tenía competencias sobre las contrataciones de “ rastreadores”. Lo único, que a los teleoperadores se les daría una batería de preguntas para buscar casos, pero sobre el nombre de la empresa “ni palabra”.
Aun así, el mismo Alberto Núñez Feijóo señalaba que la Xunta y el sistema sanitario gallego estaba preparado y contaba con 6.000 rastreadores. “Sabemos que dentro de esas cifras incluyen médicos de atención primaria” señala Javier González. SOS Sanidad pública denunciaba que muchos de los profesionales “ni saben” que son rastreadores, porque no fueron avisados, ni tienen la formación para sello. Por otra parte, puestos en contacto con la Consellería de Sanidad, se le preguntó se habría contactos con las empresas Tragsa o Ferrovial como posibles contratistas del “rastreo”. La respuesta fue que no existe relación alguna con dichas empresas. En Cataluña Ferrovial iba a ser la empresa encargada para las tareas de rastreo, lo que creó una fuerte polémica social.
¿NEGOCIO CON DATOS SANITARIOS?
El SERGAS guardia nuestros datos sanitarios dentro de la plataforma IANUS. La cuestión es que quien ejerza la labor de rastreo tendrá acceso a las historias clínicas, total o parcialmente. En caso de ser una empresa privada la que haga la búqueda de positivos en COVID, ¿hasta qué punto accederá a nuestros historiales? ¿Y qué hará con todos esos datos?
“Sobre el acceso al IANUS se dijo que habría confidencialidad absoluta, nada más” dice María Xosé Abuín. “Después de insistirles, el SERGAS acabó por decir que se crearía una «alarma”». La creación de la “alarma” fue una respuesta del servicio público de salud después de que se le preguntara se crearía una carpeta exterior (solo los datos imprescindibles del paciente para hacer el seguemento) o habría acceso a todos los datos del historial médico.
La polémica viene de que en caso de contagio por COVID, los datos iban a los rastreadores directamente. Así, una empresa privada podría quedar con los historiales médicos. “Desde Atención Primaria denunciaban la total descoordinación dentro del propio SERGAS” dice Abuín. La creación de la “alarma” servirá para alertar al médico de Atención Primaria antes que los rastrexadores. Con anterioridad la esta decisión “tu médico de primaria no sabía si tenías el coronavirus o no, a no ser que lo llamaras tú«.
SIN ACLARACIÓN POR PARTE DE LA CONSELLERÍA
La insistencia de los profesionales de la sanidad es que deben ser ellos o personas formadas que están dentro de las listas de contratación, quien deben realizar esos trabajos de seguemento. Durante los contactos de Galicia Confidencial con la Consellería de Sanidad, se señaló que “el Servizo Galego de Saúde y la Consellería de Sanidade disponen de protocolos en los que se contempla la detección y seguimiento de casos COVID así como de contactos estrechos”.
Dichos protocolos “ pivotan en la gestión de todos los procesos y subprocesos que implica la encuesta de casos y contactos, su censo y seguimiento”. Los pasos serían que “Salud Pública y las jefaturas territoriales establecen las políticas de detección y seguemento”. Los médicos de familia “realizan la detección y seguimiento de los casos”. Medicina preventiva “realiza la detección y seguimiento de los casos y contactos a nivel hospitalario así como en los profesionales del SERGAS, colaborando además con las jefaturas territoriales en la gestión de los brotes”.
Habrá una Central de Seguimiento de Contactos. “Para eso se formó a todos los integrantes del equipo técnico, estableciéndose los contenidos y docentes por parte de la Dirección General de Salud Pública y las jefaturas territoriales”. Para los médicos de familia se desarrollaron diversos protocolos que “explicitan el procedimiento para la detección de casos, su seguimiento y coordinación con el resto de agentes así como diversas sesiones clínicas impartidas por expertos”.
De momento sigue sin saberse si habrá una empresa privada detrás del “rastreo” de la COVID con acceso a datos sanitarios confidenciales o, si por el contrario, personal de las listas de contratación del SERGAS realizará este trabajo.
