“Tormenta perfecta” fue la definición que dio un familiar a lo que sucedía dentro de las residencias privadas para mayores. Además de las quejas por descuidos y desatención a los mayores usuarios en dichos centros, se sumó a partir de marzo de este 2020 la COVID-19. Esta enfermedad fue especialmente virulenta contra las personas mayores. Esto hizo que la Xunta interviniera dos residencias, la de Aldán en Cangas del Morrazo de titularidad privada y la de Barreiro en Vigo, de titularidad pública mas de gestión privada.

La empresa objeto de todas las quejas, propietaria y gestora de estas residencias, es DomusVi que contaba hasta ahora con todas las loanzas de la Xunta de Galicia, premios incluidos. Ahora los familiares y trabajadores de DomusVi piden la cabeza de su responsable en España, Josefina Fernández Miguélez, además de acusar al gobierno gallego de inacción y descuido durante toda la crisis del coronavirus.

INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO

Los juzgados de Cangas recibirán dos denuncias por lo penal después de la muerte de una residenta en Aldán y por desatención a otra usuaria que ya no está en esas instalaciones. Existen más acciones como la que se presentará contra la residencia de Matogrande en A Coruña o la más destacada, la de familiares de la residencia San Lázaro en Santiago de Compostela, también dentro del grupo DomusVi, como las anteriores. Junto a esto habrá también demandas por lo civil ante incumplimientos de contrato por parte de las residencias.

“Todo esto llevará meses hasta que podamos reunir en una sola pieza a mayoría de demandas” explica Antón Pérez-Lema, abogado que representa a numerosos familiares de usuarios. Este cúmulo de demandas será aplicado contra las diferentes gestoras de las residencias, porque hasta la llegada de DomusVi, fueron varias empresas y fondos de especulación los que invirtieron en el sistema de residencias ahora cuestionado.

“Las empresas de capital especulativo compraron pequeñas residencias que eran empresas familiares dirigidas por especialistas y que estaban implicadas en la economía local” señala Pérez-Lema. El desembarco de los fondos de inversión fue acabando con este tipo de negocio. Así se pasó la una maximización de precios y control de gastos. Esto implicó recortes de personal, servicios y una rebaja “muy acusada” en la calidad del servicio.

Esa rebaja implicó en muchos casos la falta de suministro de medicinas a las personas usuarias. Este punto será previsiblemente contestado “como dijo la directora de la residencia de Aldán que ellos no son un centro hospitalario” deduce Pérez-Lema. Los contratos firmados segundo explica el abogado, comprometen la asistencia médica preventiva y asistencial. El letrado coruñés resalta también “la cláusula abusiva de que cada usuario tuviera un avalista solidario” en caso que la residencia tuviera algo que reclamar. Desde 2015 las contrataciones en Geriatros, ahora dentro de DomusVi, implicaban un examen médico dentro del contrato.

CASO SAN LÁZARO

La residencia de San Lázaro en Santiago de Compostela, fue una de las más afectadas por la COVID-19. Cuando se registró el primer caso en esta residencia a mediados de marzo de 2020, esta persona infectada fue trasladada a la segunda planta de la residencia. La dirección aisló toda esa segunda planta, como explica Javier, familiar de una usuaria de San Lázaro, “el caso fue detectado en el CHUS, lo devolvieron a la residencia, aislaron toda la planta, donde no había contagios”. La operación “fue vendida como una acción resolutiva e idónea, como un éxito”. Todo el lugar quedó contagiado.

Más de la tercera parte de las personas ingresadas en San Lázaro- DomusVi, “murieron y llegaron a los 100 contagios”. Mientras esto sucedía, las residencias de Aldán y Barreiro, también del mismo grupo fueron intervenidas por la Xunta, San Lázaro no. Pérez-Lema deduce que la no intervención podría tener, entre otras explicaciones que “la residencia integrada de Puerta del Camino estaba a menos de dos kilómetros”, por tanto podían desplazarlos en poco tiempo.

“Solicitábamos las pruebas PCR para nuestros familiares, pero un día decían que sí lo harían y al otro día se negaban” dice Javier que añade “el médico (de la residencia) le colgó el teléfono a un familiar que pedía el test para un usuario”. Únicamente cuando se hicieron los tests masivos fue cuando se supo de la dimensión real del problema.

Puestos en contacto con DomusVi, desde el gabinete de prensa responden que «las familias están puntualmente informadas del que acontece en los centros y el estado de salud de sus parientes», además de que «tienen contacto diario por teléfono y vídeollamada, esto fue así desde lo comienzo de la crisis».

Una serie de correos electrónicos enviados por familiares pedían a la Consellería de Política Social pedían a intervenciones de DomusVi-San Lázaro. Las respuestas pasaron por una circular de la dirección de esta residencia asegurando que se habían derivado casos al CHUS y a la clínica Lana Rosaleda, por no ser San Lázaro un centro sanitario. Además de eso, en ese correo a dirección del centro señalaba al SERGAS por no tenerlos informados. “El lunes (23 de marzo) en el que tenemos ninguna llamada, ni ninguna propuesta o soporte por parte de él Sergas. Así hasta el miércoles 25 de marzo, en que la dirección llama a Gerencia del área de Santiago pidiendo una presencia urgente en el centro dada la gravedad de la situación, pues los casos seguían aumentando”.

La Consellería de Política Social responde que la Xunta dio prioridad a los centros de mayores y de atención a la discapacidad. «Se testaron el 100% de los usuarios y profesionales de las residencias. Se pusieron en marcha centros integrados para atender a usuarios contagiados antes que en otras comunidades autónomas, que después siguieron este ejemplo».

LA INTERVENCIÓN FUNCIONÓ

Antón Pérez-Lema cree que hubo inactividad por parte de Política Social y que esto “posibilitó la falta de prevención” en los centros de mayores. El estudio del comportamiento tanto de los centros y de la administración autonómica (con todas las competencias sanitarias transferidas) derivaron en una actitud irresponsable de las autoridades públicas y de las instituciones privadas para frenar la COVID-19 en las residencias.

Con todo, el mismo abogado señala que desde el SERGAS hubo ocasiones en que se impedía el ingreso de enfermos en centros hospitalarios y que “eran derivados a las residencias integradas (Porta do Camiño y Baños de Molgas) o a las plantas hospitalizadas dentro de las residencias”. Es por esto que “podemos entender que hay responsabilidades en cuanto cargos de la Xunta por falta de prevención y de personas eventualmente responsables del SERGAS por impedir tratamientos idóneos”.

Tanto familiares como sus representantes defienden que la intervención de centros privados o con gestión privada, fue la mejor solución. “El Consorcio Galego de Benestar sumó cero positivos, hubo clínicas privadas que no tuvieron positivos porque desde el primero momento aplicaron medidas de prevención” dice Pérez-Lema. La deducción para letrado y familias es un descuido por parte de las autoridades públicas y de las entidades privadas.

“Después de varios emails a la Dirección Xeral de Maiores y viendo que no hay respuesta, llamé a esa Dirección Xeral para hablar con el director general, Ildefonso de la Campa, quien dice que los emails eran amenazantes” dice Javier. Otro punto que corroboraría los presuntos descuidos de Política Social sería que desde la dirección de DomusVi San Lázaro se culpaba de todo “al SERGAS por impedir llevar enfermos al hospital, cuando fue el SERGAS quien impidió que hubiera más muertes”.

Por su parte, Domus Vi explica que se siguieron «los protocolos» y Política Social que, desde lo primero momento de la crisis sanitaria, «los esfuerzos se centraron en un ámbito de alto riesgo como son las residencias de mayores y personas con discapacidad«. En todo, caso y, tras lo sucedido, se anuncia una revisión del modelo de residencias.