Casi un tercio de las familias gallegas con hijos escolarizados carecen de acceso a redes apropiadas y a los medios necesarios para poder terminar el curso de forma telemática.

Es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Confederación Galega de ANPA (Confapa-Galicia), y dado a conocer este viernes.

Los resultados se han confeccionado a partir de encuestas a más de 6.200 familias gallegas, la mayoría de infantil, primaria y ESO.

Un 29,72 por ciento ha negado tener acceso a Internet con capacidad para videoconferencia o formación virtual, mientras que más del 60 por ciento de los alumnos tiene que compartir su equipo con el resto de la familia, lo que supondría un problema en el caso de padres que opten por teletrabajo.

Por otro lado, algo más del 20 por ciento carece de espacio de trabajo propio para realizar sus tareas.

La encuesta también evidencia la «inmensa» disparidad de herramientas, canales y contenidos empleados por parte de los centros, e incluso entre docentes que trabajan en el mismo inmueble.

Los contenidos se dedican «sin una mínima estructura ni organización», y se entregan de forma unidireccional, «sin interacción con el alumno». Los más utilizados son el correo electrónico y el ‘taboleiro’ de la web del centro.

Un 43% de alumnos está recibiendo materia nueva, mientras que otro 22 por ciento está siendo evaluado, a pesar de que la instrucción de la Consellería de Educación «era clara al respecto» y se comunicó «en varias ocasiones que este tramo no sería evaluable».

SIN GARANTÍAS

Por otro lado, los estudiantes de niveles superiores emplea «más de cinco horas al día» para desarrollar la educación no presencial, un esfuerzo «desproporcionado» teniendo en cuenta la falta de recursos familias, técnicos y personales que constata la encuesta.

En el caso de alumnos con necesidades de apoyo, el estudio muestra que los padres carecen de los conocimientos necesarios para compensarlo y los profesores de las herramientas para facilitarlo.

Por todo ello, Confapa advierte de que las circunstancias ponen en duda el precepto constitucional del acceso universal a la Educación y no se dan las condiciones para evaluar al alumnado con un «mínimo» de garantías.