El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha formulado nuevas recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a las comunidades autónomas de Madrid y Galicia, a los que pide «cambios normativos» y reclama la aprobación «cuanto antes» de la norma reglamentaria que desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente.

Las quejas recibidas en la Institución, y la actuación de oficio iniciada para hacer un seguimiento de la nueva norma, ponen de manifiesto que la reforma urgente de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, realizada por al actual Gobierno y publicada el pasado año, «reguló de forma incompleta algunos aspectos que pueden afectar a varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad».

Aunque la Ley ampara la posibilidad de reconocer con carácter asistencial las prestaciones sanitarias a determinadas personas vulnerables, Marugán considera que la actual redacción de la norma «no aclara las circunstancias de carácter humanitario que pueden dar lugar a esa excepción», lo que deriva en que algunas comunidades autónomas puedan interpretarla de forma «más restrictiva».

Además, la Institución considera inadecuadamente regulada la situación de los ciudadanos extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario. La legislación actual, refrendada este mismo año por el Tribunal Supremo, no les reconoce el derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos, pues deben disponer de un seguro sanitario propio.

En este colectivo hay personas de edad avanzada, que no desarrollan actividades laborales o lucrativas y que han trasladado su residencia a España para convivir con sus hijos e hijas. Se les presume una capacidad para atender a sus necesidades sanitarias que no siempre es real y, en ocasiones, se encuentran con muchas dificultades para suscribir una póliza sanitaria.

APUNTA A GALICIA Y MADRID

Por otro lado, señala directamente a las comunidades de Madrid y Galicia, tras las quejas recibidas. Así, la institución ya ha recomendado a las correspondientes consejerías de sanidad que garanticen la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a aquellas personas en situación de estancia temporal cuando se acredite unas circunstancias graves de necesidad y vulnerabilidad social.

Además, les pide que presten una información completa y adecuada a todos los ciudadanos, y en especial a los extranjeros, que solicitan asistencia sanitaria gratuita en los centros de salud. Así, aboga por la edición de materiales informativos en distintas lenguas.

A la Comunidad de Madrid le sugiere, asimismo, que cuando no esté disponible el certificado o volante de empadronamiento para acreditar el tiempo de permanencia en España de una persona extranjera acepte otra documentación oficial para determinar si la persona afectada se encuentra en situación de estancia temporal o de residencia irregular.

A esta misma comunidad autónoma, el Defensor también le ha recomendado que, para el caso de mujeres migrantes que puedan ser víctimas de explotación sexual o de trata de seres humanos, especialmente cuando requieran asistencia al embarazo, traslade instrucciones específicas a los centros sanitarios para que se les ofrezca una adecuada y completa información sobre sus derechos.

«El Defensor es consciente de las limitaciones impuestas por la coyuntura parlamentaria, que impide una ordinaria tramitación de las iniciativas legislativas, así como la extensión del periodo de interinidad del Gobierno. No obstante, considera que se trata de un tema que es preciso acometer con urgencia», advierte.