Las comunidades autónomas acumulan facturas pendientes de pago a compañías del sector de tecnología sanitario por un importe total de 1.144 millones de euros, lo que supone un incremento del 30 por ciento respecto a comienzos de 2023, mientras que el periodo medio de pago se sitúa en 96 días, frente a 72 al inicio del ejercicio, según el Observatorio de la Deuda Sanitaria de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

En el análisis por regiones, son Comunidad de Madrid (219 millones de euros); Comunidad Valenciana (215 millones de euros); Andalucía (172 millones de euros) y Murcia (85 millones de euros) las que más volumen de deuda tienen, suponiendo, respectivamente, el 19,1 por ciento, 18,7 por ciento, 15 por ciento y 7,4 por ciento del total de esta deuda pública. La deuda de Galicia alcanza los 53 millones de euros, la séptima cuantía más alta, aunque supone apenas el 4,6 por ciento del total estatal.

No obstante, hay comunidades autónomas con un muy reducido nivel de morosidad, como La Rioja (7 millones de euros); Navarra (12 millones de euros); Asturias (20 millones de euros) y Extremadura (21 millones de euros), siendo las que mantienen las cifras más bajas.

Más allá de las cifras totales de deuda, Fenin valora positivamente los esfuerzos y compromiso de las comunidades autónomas por situarse o aproximarse a los plazos de pago máximos que fija la legislación vigente. Y, en concreto, cabe destacar la positiva evolución constatada en algunas regiones, como Cataluña y Castilla y León, que han reducido sus DSO en el último mes un 47 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, preocupa la situación de comunidades autónomas que superan los 90 días de plazo medio de pago, destacando por encima de todas Murcia (203 días); Comunidad de Madrid (138 días); Comunidad Valenciana (133 días) y Cantabria (127 días). En este dato, Galicia se sitúa en la parte baja de la tabla, con 64 días de demora media.

«Fenin se pone a disposición de las administraciones para reducir las actuales cifras, de cara a asegurar la liquidez y viabilidad de las empresas del Sector y establecer otras medidas fiscales y económicas que incentiven la actividad de las empresas», afirman en un comunicado, donde recuerdan que la deuda pública con este Sector se ve «agravada» con el actual contexto económico marcado por una elevada inflación, la subida de tipos de interés (encareciendo la financiación de las empresas) y el impacto del incremento de los costes de producción.