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La CIG reclamará a la Xunta bajar del 5% la tasa de interinidad del profesorado, que ahora sitúa en el 9,2%

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La CIG-Ensino reclamará a la Xunta que la tasa de interinidad entre los profesores baje del 5% en la oferta pública de empleo (OPE) de 2024. En estos momentos, según cálculos del principal sindicato de la educación pública en Galicia, está en el 9,2%: casi 2.800 docentes de los más de 30.100 que hay en total.

Son cifras que ofrece la central nacionalista en base a «datos en bruto» solicitados a la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, con fecha del 1 de octubre de este año. Para estos cálculos, no se computan las medias jornadas, ni las sustituciones que finalizarán el 30 de junio ni antes, así como tampoco los 732 profesores de Religión.

Según el informe de la CIG, del total de 30.127 profesores hay 2.768 interinos, el 9,2%. La tasa más baja de interinidad se sitúa en el cuerpo de maestros de Educación Infantil y Primaria, en el 4,8% –643 de 13.379–.

Estos datos ponen de manifiesto, asevera el sindicato nacionalista, que «pese a los procedimientos extraordinarios de estabilización» celebrados este año, la tasa de interinidad total «está lejos del 5% que aseguraba haber alcanzado la Consellería».

De hecho, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareció en octubre en la comisión de presupuestos del Parlamento gallego y afirmó que, con los procesos de empleo previstos para 2024, Galicia mantendría «la tasa de interinidad más baja del país», con un 2% estructural frente al 25% de la media española.

La CIG explica que la disparidad de cifras se debe a la diferencia entre plazas estructurales –las que se pueden convocar en un proceso selectivo– y no estructurales. En este contexto, hay más de 7.000 puestos adjudicados con destino provisional que hay que determinar a cuál de las dos tipologías pertenecen. «Este trabajo está sin hacer», lamenta el sindicato.

En este contexto, CIG-Ensino ya avanzó a los responsables de Recursos Humanos de la Consellería de Educación que «esa información es absolutamente necesaria para determinar si la administración cumple o no con su obligación de ofertar todas las plazas que la propia ley marca».

Además, la organización solicitará que se tenga en cuenta «la realidad» del profesorado inteirno que trabaja en las especialidades con menor posibilidad de renovación, es decir, en cuáles se prevé un menor número de jubilaciones en los próximos cursos.

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