El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha impulsado, junto con las comunidades autónomas, una serie de medidas para crear un «escudo climático» con recomendaciones como adecuar las residencias de mayores ante las olas de calor.

Así lo han acordado este viernes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en la que ha participado por videoconferencia la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García.

«Con carácter preventivo y para hacer frente a los posibles retos que en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia puedan tener las administraciones públicas a lo largo de las próximas semanas y meses como consecuencia de estas altas temperaturas, hoy se han acordado unas recomendaciones que faciliten y prevengan posibles situaciones de riesgo para las personas mayores», ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, tras el Consejo Territorial.

Las comunidades, que recibieron las recomendaciones el pasado 5 de mayo, podrán ahora hacer sus sugerencias al Ministerio, las cuales serán integradas antes de su publicación.

Entre las recomendaciones enviadas por Derechos Sociales destaca la «adecuación de las residencias para asegurar la disponibilidad de equipos e instalaciones para mantener las condiciones de climatización». Asimismo, se insta a las residencias a modificar los horarios de paseo, la vestimenta y garantizar una mayor hidratación, e incluir estos cambios en un protocolo específico.

Igualmente, se pide garantizar el acceso de las personas en situación de sinhogarismo a la red de refugios climáticos, incrementar las plazas en las campañas contra el calor (al igual que se hace en las campañas contra el frío) o evitar su expulsión de espacios públicos y el cierre de fuentes públicas.

También se recomiendan actuaciones hacia las personas que viven en infraviviendas o asentamientos, que incluyan la garantía de acceso continuo a agua potable y actividades socioeducativas para niños que garanticen entornos con temperaturas adecuadas e hidratación y alimentación.

EL ASISTENTE PERSONAL NO PODRÁ SER EL CÓNYUGE

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ha acordado junto con las CCAA definir y establecer las condiciones básicas de la figura del asistente personal, una demanda histórica de las personas en situación de dependencia y de las organizaciones de personas con discapacidad.

«De forma mayoritaria se ha alcanzado un acuerdo que irá desarrollando poco a poco esta figura de asistencia personal a lo largo de los próximos años en nuestro país. Era el último gran paso del Plan de Choque en Dependencia que quedaba por abordar», ha explicado Nacho Álvarez.

Según lo pactado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga 3 años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida.

En cuanto a las personas que presten servicios de asistencia personal, no podrán ser cónyuges o parejas de hecho o parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco. Podrán trabajar tanto como empleados a través de una empresa acreditada o como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente, según informa el Ministerio.

783 MILLONES PARA DEPENDENCIA

Además, las autonomías junto con el Ministerio han aprobado este viernes de manera definitiva el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del nivel acordado que ya fue autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo.

De ellos, 583 millones se repartirán en base a los criterios de cumplimiento del Plan de Choque, con 100 millones de euros más que el año pasado, y la segunda partida de 200 millones tiene como objetivo el apoyo al despliegue del conocido como ‘Nuevo modelo de Residencias’.

Otro de los asuntos que han formado parte del orden del día del Consejo Territorial ha sido la propuesta de distribución por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a las CCAA del tramo autonómico de distribución del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para destinarlos a subvenciones a actividades de interés social. En 2023 se distribuirá lo correspondiente a lo recaudado en el ejercicio 2021, por lo que se ha notado «una mejoría» en las recaudaciones respecto al año anterior.

Según lo comunicado por la Agencia Tributaria, la recaudación total procedente del 0,7 del IRPF ascendió a los 425.768.828 euros, 37.400.323 euros más que el año anterior. De esa cifra, a la cartera de Derechos Sociales le corresponde el 77,72%, es decir, 330.907.533 euros, un 9,63% más que el año pasado.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, en el ejercicio 2021 la liquidación correspondiente al 0,7 ascendió hasta los 45.123.157 euros, de los cuales, también el 77,72% se destinan al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en total, 35.069.718 euros, un 61,41% más que el ejercicio anterior.

3 MILLONES PROCEDENTES DE HERENCIAS

Además, tal y como señala el Ministerio, los recursos destinados a subvenciones para actividades consideradas de interés social se nutren de una tercera fuente, las dos terceras partes del valor del caudal relicto procedente de las herencias abintestato a favor del Estado, el 100% de los cuales se destina al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La cuantía para el año 2023 asciende a 3.148.734 euros.

Así, según acuerdos previos del Consejo Territorial, los fondos a recibir por las CCAA han crecido hasta un 80% del total, asignándose el otro 20% para las subvenciones a entidades sociales de ámbito estatal, quedando la cuantía de los fondos para distribución autonómica en los 395.300.789 euros, un 14,41% más que en el año anterior.

Por último, tras la autorización del Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo, el Consejo Territorial ha aprobado definitivamente la propuesta de distribución de 198.704.000 euros entre las CCAA, a excepción de Navarra y País Vasco, para proteger a las familias y combatir la pobreza infantil; y el reparto de 2 millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas.