La nueva ley gallega de enseñanzas de adultos «deja sin efecto» la red de centros, con más de 300 profesores impartiendo materias, según denuncia la CIG.

La central nacionalista advierte de que si esta norma, que «no pasó ningún filtro», sigue «para delante» y «deja sin efecto» la red de centro, supondrá «un antes y un después» para este tipo de enseñanzas, y repercutirá en un «empeoramiento», además de falta de oportunidades para la población que vive en entornos rurales.

De acuerdo con datos de la propia Xunta, son 10.000 los gallegos que cursan este tipo de enseñanzas, unos 7.300 en las seis EPAPU (centros públicos de educación y promoción de adultos) de las seis ciudades junto al instituto compostelano San Clemente –este último con unos 2.000 que siguen clases de forma telemática–.

Además, también hay cinco escuelas de formación permanente de adultos en las cárceles gallegas, pero «ahí es más difícil ser riguroso porque la matrícula se renueva cada dos meses», según apunta la organización sindical.

A este compendio hay que sumar otros centros que también imparten algunas asignaturas para adultos. En global, el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha considerado «fundamental preservar la actual red de centros» y con ello «preservar la presencialidad».

«Si sigue para delante –la ley– y se deja sin efecto la actual red sería una de las peores noticias en el ámbito educativo en los últimos años», ha advertido, en rueda de prensa.

De este modo se ha referido a la Lei de Aprendizaxe ao Longo da Vida Adulta, de la que tanto él como Montse Pernas, a su lado, han censurado que es «la primera que pretende promulgar el actual Gobierno de Rueda de carácter educativo y no pasó por ningún tipo de filtro o control, ni se sometió a debate».

Solo, según ha precisado Bermello, «va a ser revisado» por el consello escolar «esta semana» y «el pleno para debatir las enmiendas sería el día 27».

«QUE PAREN LAS MÁQUINAS»

«Pedimos que paren las máquinas, se retire el anteproyecto y se hable con el profesorado y las organizaciones sindicales», ha subrayado el portavoz.

En este sentido, ha explicado que el anteproyecto contempla un artículo que deroga la anterior ley, de 1992, un texto que era el que regulaba «que existan centros de adultos». Si «en la nueva ley no se hace mención, es obvio cuál es la intención», ha resaltado.

Por su parte, Pernas ha recalcado la «labor social» de este tipo de enseñanzas y ambos han aludido al «problema de empleo» que supondría suprimir la presencialidad y con ello a profesorado.