El ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha reunido este miércoles en Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para abordar la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una cita en la que ha admitido que para conseguir que la nueva norma funcione, habrá que contemplar compensaciones presupuestarias a las comunidades autónomas para que nazca con una «financiación adecuada».

En la rueda de prensa posterior, ha admitido conocer la preocupación de las comunidades autónomas en torno a la financiación, pero se está trabajando para «tener en cuenta la relación compleja entre Estado, regiones y universidades» con el objetivo de «dar seguridad». La ley tendrá elementos que mejorarán el funcionamiento de las universidades pero «eso tiene que venir compensado por una financiación adecuada».

Ha pedido recuperar el nivel de financiación de universidades en 2009, y hay «un compromiso de reconocer esa necesidad de mejora de la financiación» entendiendo que sin la buena relación entre administraciones la mejora de la universidad «no va a ser posible».

Este acercamiento de posturas llega después de que a finales del mes de agosto el presidente autonómico llegara a amenazar con llevar la norma al Tribunal Constitucional en caso de que los retoques normativos que implicaban que las comunidades autónomas gastaran más presupuesto no se viera solventado por el texto legislativo.

C-LM GASTARÁ 12 MILLONES

De su lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha apuntado en la comparecencia ante los medios de comunicación que en la reunión, que se ha celebrado en «tono distendido», se ha hablado de «distintas cuestiones» relacionadas con la futura ley de Universidades, una «preocupación» por la presencia de nuevos parámetros que tienen que dirigir la vida de las universidades.

En el caso de Castilla-La Mancha, el cálculo aproximado es que entre las dos universidades que operan en la región el coste asociado a esta situación sería de 12 millones de euros al año para reformular la plantilla docente necesaria para adaptarse a la ley.

Se han «acercado muchas posturas sobre distintas cuestiones» relacionadas con ámbitos como «la situación en la que quedarían los profesores asociados» o la financiación de todo el incremento que supondrá una vez se implemente.

«Poco a poco seguiremos acercando posturas, hay ánimo de reflexión y análisis conjunto, en esa tesitura nos hemos movido, con el compromiso del Ministerio de escuchar la voz de las comunidades autónomas y de Castilla-La Mancha», ha apuntado.