El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que el traspaso de la sanidad penitenciaria a la gran mayoría de las comunidades autónomas «sigue en un agujero negro» transcurridos 18 años desde que se adquirió el compromiso de que la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales que prestan sus servicios en las prisiones serían competencia de los gobiernos autonómicos.

Satse recuerda que, salvo en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes CCAA siguen sufriendo una «precaria» atención sanitaria y cuidados motivada, en gran parte, por las «difíciles y penosas» condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras.

Satse subraya que el traspaso de la sanidad penitenciaria se ha convertido en «el gran fracaso» de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las CCAA, porque los sucesivos responsables de estas administraciones públicas «no han logrado ponerse de acuerdo desde 2004 para cumplir lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud».

«Pasan los años y unos y otros se tiran la pelota de un tejado a otro mientras que las más de 46.000 personas que constituyen la población reclusa de nuestro país no es atendida y cuidada en las condiciones más adecuadas, con el agravante de que es un colectivo especialmente vulnerable con numerosos problemas de salud (drogodependencia, salud mental y enfermedades infecciosas)», apuntan desde la organización sindical.

Por su parte, y como viene denunciando Satse desde hace años, las enfermeras que trabajan en los centros penitenciarios se encuentran «muy sobrecargados» y sufren continuas situaciones de estrés y tensión asistencial, al no contar con los suficientes recursos y apoyos. Además, tienen que realizar funciones que no les competen en un entorno laboral que conlleva muchos más riesgos para su salud y seguridad personal, añade.

Tras el traspaso a Navarra, en agosto del pasado año, Satse no tiene constancia de avances significativos en las negociaciones con el resto de las comunidades autónomas pese a que, según la organización, «la pandemia del Covid-19 también constató la precaria situación que se sufre en las prisiones». Por ello, han vuelto a reclamar que CCAA y Gobierno «muevan ficha» en favor de la salud de las personas privadas de libertad y de los profesionales sanitarios.

Según Satse, la falta de avances se debe a la diferencia de criterios de las distintas administraciones en cuanto al coste del traspaso competencial, «lo que vuelve a evidenciar que, por encima de la salud de las personas, se priorizan los intereses económicos». «Se trata de un nuevo ejemplo de la falta de interés y desidia de nuestros responsables públicos y políticos en mejorar y reforzar nuestra sanidad pública», señala.

Por último, Satse recalca que el hecho de que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la sanidad penitenciaria en 14 de las 17 comunidades autónomas conlleva «duplicar sin sentido» numerosos recursos, falta de comunicación y coordinación con los servicios de salud correspondientes y, en el caso de los profesionales, «una clara e injustificable discriminación» al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros y compañeros dependientes de las CCAA.