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España encara el puente con la duda sobre ómicron y siete CC.AA. favorables a la exigencia del pasaporte covid

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Los españoles encaran el puente de la Constitución, que durará hasta el próximo miércoles, con una incidencia media de contagios por coronavirus en los últimos 14 días superior a los 248 casos por 100.000 habitantes, la incógnita sobre el efecto de la nueva variante denominada ‘ómicron’, y con siete comunidades autónomas solicitando ques se regule la exigencia de certificado covid para acceder a determinados espacios.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en las últimas horas se notificaron 13.738 nuevos casos de coronavirus, 37 muertes y una incidencia al alza de 248,18 casos. En cuanto a las hospitalizaciones, tal y como reflejan estos datos –del viernes, con la última actualización de Sanidad–, actualmente hay 4.262 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España, y 814 en UCI.

El año pasado, por estas fechas, España estaba afrontando el puente de la Constitución sin ninguna persona vacunada –actualmente hay más de 37,6 millones de españoles con la pauta completa–, y con varias comunidades autónomas en desescalada, aunque muchas seguían cerradas perimetralmente.

En comparativa, los datos del 4 de diciembre de 2020 notificaban 8.745 nuevos casos de COVID-19, 214 muertes y una incidencia acumulada de 231 casos a 14 días. En cuanto a las hospitalizaciones, por estas fechas, el año pasado había 12.552 pacientes ingresados por Covid, tres veces más que los que hay actualmente, y 2.371 en UCI, tres veces más que los que hay en este puente.

EL INTERROGANTE SOBRE ÓMICRON

Sin embargo, en las últimas fechas las autoridades han alertado de la presencia de una nueva variante del coronavirus, denominada por la OMS como ‘ómicron’, y sobre la que todavía existe la incógnita sobre sus efectos.

En cualquier caso, varios países europeos han empezado a tomar medidas ante el incremento de contagios de las últimas fechas y la aparición de esta nueva variante, decretando algunos de ellos confinamientos domiciliarios –como es el caso de Austria– y se está abriendo el debate sobre la vacunación obligatoria y la vuelta al uso de la mascarilla en espacios exteriores.

En el caso de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros la restricción de los vuelos procedentes del cono sur de África desde este jueves y al menos hasta el 15 de diciembre ante la aparición de la nueva variante del Covid, de la que en España ya se han detectado al menos seis casos.

En cualquier caso, hay algunos presidentes autonómicos, como es el caso del mandatario autonómico de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, que ha pedido la «menor interacción social posible» en este puente, avisando de que todo depende de los comportamientos individuales y colectivos de los próximos días.

SIETE CCAA PIDEN EL CERTIFICADO COVID, Y PODRÍAN SER MÁS

Por el momento, las comunidades autónomas han abierto el debate sobre la implantación del certificado covid para acceder a determinados espacios como una medida que evite recurrir a otras restricciones como limitación de aforos o de horarios.

Así, en este puente, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana son las siete autonomías que solicitan homogeneizar el pasaporte de vacunación para acceder a determinados espacios. En el caso gallego, de hecho, ya se ha ampliado su uso con el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido reiteradamente una ley estatal que evite este paso.

En las últimas horas, se pueden sumar el País Vasco, que en la actualidad está estudiando la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza al Ejecutivo Vasco a implantar este certificado, y Canarias, que está a la espera de lo que decida su Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de Andalucía, la Justicia ha pedido adecuarlo en el tiempo, mientras que Asturias, Castilla y León y Cantabria están estudiando implantarlo también en sus territorios. Por el contrario, se desmarcan del resto de regiones la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, que a día de hoy no tienen intención de solicitarlo o imponerlo.

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