Los rectores de las tres universidades gallegas han confiado en que el Gobierno central favorezca el diálogo y el debate con los representantes de estas instituciones, además de estudiantes y sindicatos, para recoger propuestas que permitan enriquecer el articulado del anteproyecto de la Ley Orgánica do Sistema Universitario, un texto envuelto en la polémica y que suscitó el rechazo de gran parte de la comunidad escolar en estos niveles de enseñanza.

La reacción provocada por este texto llevó al ministro de Universidades, Manuel Castells, a retirar finalmente la propuesta para modificar y replantear algunos de los aspectos más criticados, como el nuevo sistema de elección de los equipos de gobierno de estas instituciones académicas, y con el fin de remitir un nuevo borrador.

El rector compostelano, Antonio López, insistió esta semana en la necesidad de revisar el marco normativo «pasados 10 años de la anterior Ley orgánica» que regula las universidades del Estado. En este sentido, matizó que el anteproyecto propuesto por Castells es «un primer paso» para «afrontar esta actualización» y pidió «enriquecer el texto» mediante el diálogo y el debate.

«No cabe duda de que esta debe reafirmar su compromiso con la autonomía universitaria y con la suficiencia financiera, sin olvidar que somos conscientes del papel capital que las comunidades autónomas tienen en esta materia», señaló.

López destacó, especialmente, la importancia de asimilar que la financiación en materia educativa «es una inversión, no un gasto», tanto por la formación de los futuros profesionales como por la repercusión económica de la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

Es por ello que reivindicó que el trabajo de laboratorio y del personal investigador tiene, por tanto, «un rendimiento directo» en la creación de empleo y en la generación de valor industrial, por lo que la futura Ley representa «una oportunidad» para considerar estas actividades «como pieza estructural» de la acción universitaria «que debería financiarse como tal, evitando su dependencia de subvenciones puntuales que no garantizan continuidad en el tiempo».

SISTEMA DE ELECCIÓN

Uno de los términos más polémicos de la propuesta se refiere a la gobernanza o la elección de los propios rectores, que abría la posibilidad de continuar con el método tradicional por mayoría del Claustro universitario o mediante la decisión de un órgano específico compuesto e integrado por representantes de distintos sectores, una posibilidad muy criticada desde la comunidad escolar. Los rectores gallegos se postularon a favor de mantener el sistema actual.

Manuel Reigosa, desde la UVigo, valoró positivamente la decisión del Ministerio de retirar el borrador propuesto para realizar cambios, entre los que se encuentra el sistema de elección de los rectores, y también llamó al diálogo para mejorar la propuesta.

«Yo no defendería en una universidad pública ese modo de elegir. Mejor si se elimina ese procedimiento poco democrático», señaló este viernes con motivo de la reunión del consejo de gobierno de la Universidade de Vigo, en la que aplaudió el próximo envío de un nuevo borrador de la norma y confiar en que tenga en cuenta las alegaciones presentadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas .

Al respecto, Antonio López insistió que el anteproyecto ya abre distintas posibilidades que permitirían a cada universidad adaptar la elección de los órganos de gobierno a su realidad, mientras que su homólogo coruñés, Julio Abalde, trasladó a su vez una postura crítica con respecto al articulado del texto, e insistió también en la importancia de dialogar y debatir con los diferentes actores para enriquecer y mejorar la propuesta del Ministerio.

LA CRUE CRITICA EL ANTEPROYECTO

La CRUE también se mostró crítica con la propuesta, un proyecto que califican de «poco innovador» y que «no responde» a «la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación» para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades.

Sobre la autonomía, señalan que esta «se consigue con un sistema justo y estable de financiación, comparable a escala nacional y entre las universidades de cada Comunidad Autónoma, ligado a una financiación básica y otra por objetivos» y afirman que «esta norma no aporta esto».

Los rectores piden que la LOSU recoja expresamente un plan de incremento de gasto público para la educación universitaria con objetivos concretos, e insisten en incorporar una línea de financiación basal finalista para todas las universidades destinada exclusivamente a la investigación.

Además, lamentan que «el anteproyecto no resuelve ni aborda las cuestiones más urgentes, como, por ejemplo, el envejecimiento del Personal Docente e Investigador (PDI) y la necesaria política de rejuvenecimiento».

Para ello, reclaman que desaparezca o se flexibilice «la tasa de reposición» porque, si no, resultará «imposible alcanzar el objetivo de reducción del profesorado con contrato temporal, ya que la oferta de plazas permanentes está limitada por dicha tasa». En este sentido, proponen que la oferta pública de empleo de PDI permanente, durante los cinco años que se señalan en la LOSU para conseguir los objetivos de plantilla, sea «mucho más elevada de la que se aplica actualmente».

Los rectores aseguran que estos objetivos son «deseables» pero advierten de que se debería tener en cuenta la situación de partida de cada universidad porque, si no se pueden cumplir, «situarían a las universidades en una situación de incumplimiento de la Ley, solo salvable prescindiendo de una parte de la plantilla con contrato laboral temporal y reduciendo la oferta académica».

La CRUE señala que debería establecerse una equiparación de las retribuciones entre las figuras funcionariales y laborales equivalentes, si los requisitos y forma de acceso son los mismos; y advierte de que la diversidad de ámbitos reguladores (particularmente la negociación colectiva) «puede abocar a que existan diferencias de dedicación y retributivas que no estarían justificadas por elementos objetivos».

DOCENTES: SIN UN MÍNIMO DE HORAS LECTIVAS

Un «problema grave», según los rectores, puede ser el establecimiento de la horquilla que fija la dedicación docente del profesorado a tiempo completo entre 240 y 120 horas lectivas por curso académico dentro de su jornada laboral anual. Desde Crue la consideran una medida que «limita e incluso vulnera la autonomía universitaria» y «hace que las universidades sean poco atractivas para la atracción y estabilización de talento de alto nivel». En este aspecto proponen un máximo de 240 horas y suprimir el mínimo.

También insisten en la necesidad de «cuidar la terminología» y «revisar el lenguaje» utilizado ya que, según advierten, el texto emplea el término ‘universidades’ cuando solo se refiere a las públicas y, al contrario, incorpora términos exclusivos del ámbito de las universidades públicas cuando realmente se corresponde con unuso genérico del mismo.

Asimismo, observan algunas cuestiones «preocupantes» en el articulado «que contradicen o se distancian de las posiciones defendidas por Crue en Universidad2030» por lo que solicitan al Ministerio que conceda al menos otra vuelta adicional en la que las universidades puedan participar de forma activa en las modificaciones.