Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la Plaza de la Peregrina de Pontevedra para exigir la derogación de la Ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad a la que atribuyen «el colapso del sistema sanitario público», como resultado de «décadas de infrafinanciación», tal y como ha criticado María Ferreiro, del Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (PROSAGAP).
Esta organización, junto con la Confederación General del Trabajo (CGT) de Galicia y el Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia (STEG), han secundado nuevamente –cuatro meses después de la última convocatoria– la movilización impulsada por la Coordinadora Antiprivatización da Sanidade (CAS) a nivel estatal, en unas 60 ciudades.
María Ferreiro ha alertado sobre la «escasez» de personal después de que muchos profesionales que se sintieron «maltratados» por las condiciones laborales en las que trabajan y la eventualidad de los contratos, hayan «huido a otras comunidades y países». Así, la falta de efectivos y la «gestión desastrosa» de los últimos años son los motivos, según la portavoz de PROSAGAP, de las listas de espera en los hospitales y de que la actividad sanitaria esté «en riesgo».
Por ello, ha asegurado que es «imprescindible blindar la sanidad de cualquier interés privado», además de «invertir en una sanidad pública que ofrezca un servicio universal y gratuito, no mercantilista y de calidad». También ha defendido la atención primaria y que se recupere «la prevención y la promoción de la salud» para mejorar la asistencia, teniendo en cuenta las «desigualdades» sociales existentes en la actualidad.
«La salud no es un negocio, sino una prioridad para cualquier sociedad», ha insistido María Ferreiro, al reclamar «el rescate de todo lo privatizado» y la puesta en marcha de una «industria sanitaria y farmacéutica pública».
PANDEMIA
Precisamente, el secretario general de la CGT en Pontevedra, Miguel Ángel Cuña, ha calificado de «escándalo internacional el negocio de las vacunas» como «ejemplo extremo» de la legislación sanitaria que ha propiciado la privatización de «más áreas, servicios e instalaciones sanitarias cuando más necesarias eran, aprovechando la emergencia dramática» de la pandemia de COVID y el «desconcierto general» de la sociedad ante esta situación.
Además, Cuña ha denunciado que, para «colmo del despropósito», de los fondos europeos extraordinarios dotados con 72.000 millones de euros para la recuperación económica, «solo el 1,4 por ciento se destinarán a sanidad». Para el portavoz de la CGT, este reparto «esconde de nuevo la perversión de ofrecer dinero a las grandes corporaciones y entramados financieros».
Para Miguel Ángel Cuña, el «deterioro global» del sistema sanitario que «sufre la sociedad pontevedresa, gallega y española» ha repercutido en la «disminución acelerada» de las infraestructuras sanitarias, la insuficiencia de plantillas y la precariedad laboral, el desvío de pacientes a entidades privadas, la concesión a empresas privadas de los servicios públicos del ámbito sanitario y la «infamia en la atención a mayores y ancianos».
Por su parte, la portavoz del STEG, Purificación Quinteiro, ha lamentado que la COVID ha mostrado la «cruda realidad de la canibalización del estado social». Por ello, ha destacado que «el mensaje que nos debería dejar la pandemia es la necesidad de crear un modelo económico y social basado en unos buenos servicios públicos, gratuitos y de calidad»
Así, ha precisado que urge «reformular el modelo de los servicios públicos que integre lo social, lo ambiental y la equidad para avanzar hacia una sociedad inclusiva», argumentando que «la sanidad, la educación y las pensiones no se pueden dejar en manos del sector privado». «Asumirlo», ha añadido, conllevaría «que esos derechos fundamentales son solo para quien los puede pagar, lo que genera una enorme desigualdad».
