Las federaciones de jubilados y pensionistas de CC.OO. y UGT han vuelto a solicitar este martes una reunión con la delegada de la Xunta en Vigo, ante la «grave situación» del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente de los usuarios de residencias.
Así, representantes de ambos sindicatos se han concentrado ante la delegación territorial del gobierno gallego en la ciudad olívica para recordar que llevan «años» denunciando los problemas de este colectivo y que no han tenido respuesta desde que, el pasado 18 de diciembre de 2019, entregaran un documento en la delegación de la Xunta con sus propuestas para abordar la situación.
Así, estos sindicatos plantean «revertir» la dependencia que esos servicios de atención tienen del sector privado, y potenciar la atención pública con la creación de 400 plazas en la comarca de Vigo «para atender las necesidades urgentes». En esa línea, urgen medidas para acabar con la «escandalosa situación de las listas de espera», para lo que es «necesario pasar del ámbito de la jurisdicción administrativa a la jurisdicción social».
Las federaciones de pensionistas de CC.OO. y UGT también apuestan por poner en marcha un servicio «eficaz» de inspección en las residencias de mayores y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, así como los ratios de personal por cada plaza de usuario. A estas demandas se une la petición de crear el Consello Galego de Persoas Maiores.
Según han denunciado los sindicatos, la Xunta no ha respondido a estos planteamientos a día de hoy y la pandemia de Covid-19 no ha hecho otra cosa más que «poner de manifiesto otras graves deficiencias del SAAD, sobre todo en la gestión sanitaria», que se saldaron con «miles de muertos en las residencias en condiciones de falta de atención médica, abandono y soledad».
Además de las propuestas presentadas hace un año y medio en la Delegación Territorial de la Xunta, los sindicatos han recordado que también presentaron una propuesta de plan de choque el pasado 9 de noviembre que contempla, entre otras medidas, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, restablecer las consultas presenciales y reforzar la Atención Primaria, o la elaboración de un protocolo antiCovid.
«Vemos con sorpresa y preocupación que la Xunta sigue sin dar respuestas», han lamentado los sindicatos, que han advertido de que el «nuevo modelo» anunciado por la administración gallega para las residencias, evidencia que «hace dejación de sus obligaciones» y «las entrega como mercancía para beneficio del sector privado», de las que «DomusVi es un singular ejemplo».