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Sindicatos censuran la «caótica gestión» de la vacunación con AstraZeneca, «sin plan B» ni alternativa para los docentes

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Los sindicatos de profesorado han censurado la gestión de las autoridades sobre el proceso de vacunación con AstraZeneca, la que se estaba inoculando a los profesores menores de 55 años, y han instado a ofrecer una alternativa a los docentes y a aclarar la situación de aquellos que se encuentran a la espera de la segunda dosis.

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó este miércoles suspender la vacunación a menores de 60 años con este tipo de dosis tras el nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En este documetno, se reconoce una «posible relación» entre este tipo de vacuna vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, y señaló la necesidad de incluir estos acontecimientos adversos en la lista de efectos secundarios «muy raros» de la vacuna.

Galicia ya ha confirmado la suspensión en estas franjas de edad y la CIG-Ensino ha criticado especialmente la falta de un ‘Plan B’ y de una medida alternativa para «las miles de personas que aún no se vacunaron» en el sistema educativo gallego, cerca de un 10 por ciento del personal que trabaja en los centros.

«La pésima gestión en la toma de decisiones y en el uso partidista de las instituciones está creando una confusión y una larma que es responsabilidad única de quienes nos gobiernan, desde San Caetano a Bruselas pasando por Madrid», reprochan.

Por ello, solicitan «transparencia y seguridad», que se ofrezca toda al información sobre esta vacuna para «no jugar con la confianza de la gente», y que se adopte una decisión para el suministro de la segunda dosis «con todos los informes científicos necesarios».

REUNIÓN «URGENTE»

A nivel estatal, los sindicatos docentes han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Educación y FP para que informen de primera mano sobre la suspensión de la vacunación a los menores de 60 años con este tipo de vacuna.

«Desde CSIF nos hacemos eco de la incertidumbre y la preocupación generada en la población general y de manera particular en los colectivos de empleados públicos, como en el ámbito de la Educación, que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Exigimos mayor claridad sobre los criterios para aplicar una segunda dosis, que además coincidía con la celebración de las oposiciones a nivel nacional», ha solicitado este sindicato.

En este sentido, la organización sindical ha lamentado que las autoridades sanitarias «no se hayan coordinado» con los representantes de salud laboral de los centros de trabajo.

Por ello, el CSIF ha exigido «coordinación, transparencia y coherencia» a las diferentes administraciones, ante la «gestión contradictoria y precipitada» que están mostrando. «Es preciso dejar de lado los criterios políticos y se atienda a la comunidad científica y a los profesionales», ha zanjado.

«IMPROVISACIÓN» Y «FALTA DE CRITERIO»

Por su parte, desde la Confederación STEs, el responsable del Área de Política Educativa, José Ramón Merino, critica la «improvisación» y «falta de criterio» de las autoridades sanitarias españolas con los cambios de criterio sobre la administración de la vacuna de AstraZeneca.

«Aún reconociendo la celeridad que ha presidido la toma de decisiones por parte de los responsables políticos, en base a tratar de avanzar en la vacunación de toda la población, sería deseable que las decisiones que se tomen tengan continuidad en el tiempo», ha señalado a Europa Press.

Merino asegura que desde STEs se va a pedir una reunión «con carácter urgente» para «tratar de llevar algo de tranquilidad a las personas que trabajan en los centros docentes que se encuentran actualmente con muchas dudas con respecto a lo que va a pasar con las vacunas», así como para «exigir garantías».

«Estamos muy preocupados por esta situación y le mandamos con celeridad y urgencia que se clarifiquen todas las situaciones», ha solicitado, por otra parte, el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, en declaraciones a Europa Press.

PROTOCOLOS UNIFICADOS

Desde ANPE exigen protocolos y criterios unificados a nivel estatal. «Nos dirigiremos al Ministerio para pedir esta coordinación y la unificación de criterios para facilitárselo a todo el profesorado en cualquier ámbito en el que estén destinados», añade Fernández.

«Si queremos garantizar la educación presencial tenemos que conseguir que todos los docentes estén vacunados antes de que finalice este curso cualquiera que sea la edad que tengan para así poder iniciar el curso próximo en las mejores condiciones sanitarias; proteger a los docente es proteger a la comunidad educativa», ha concluido.

SEGUNDA DOSIS

Del mismo modo, la UGT preguntará y exigirá «a quien tiene la responsabilidad», es decir, al Ministerio de Sanidad, ya que «Educación ni pincha ni corta en la vacunación», aunque la responsable de Educación de este sindicato, Maribel Loranca, ha precisado que al Departamento que dirige Isabel Celaá se le pedirá «toda la información que se precise».

Loranca también critica el cambio en los criterios con respecto a la administración de la vacuna de AstraZeneca. «Este tipo de decisiones, que vayan variando dependiendo de los momentos, genera mucha incertidumbre; nos gustaría que se pudieran ir despejando, más pronto que después, las incertidumbres», reclama.

En este sentido, Loranca asegura que UGT espera que el CISNS, que es quien tiene las competencias, resuelva «cuanto antes» la situación, fundamentalmente en lo que afecta a los trabajadores de la educación que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. «¿Cuándo y cómo van a recibir esa segunda dosis?», traslada Loranca, que ha aprovechado para insistir en que en el Plan de vacunación se incluya al personal de las universidades.

Tras la decisión de este miércoles acordada en el seno del CISNS, la Comisión de Salud Pública se va a reunir este jueves, aunque con el propósito de analizar la posibilidad de administrar en España la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años.

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