Una resolución emitida por la Inspección de Trabajo confirma que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade ignoró los diferentes requerimientos realizados desde este departamento para cumplir con la legislación y las medidas en materia de riesgos laborales de su personal ante la covid-19.

El sindicato CIG-Ensino presentó denuncia el pasado año debido a la falta de valoración y evaluación de riesgos en los centros educativos y en el personal de la Consellería por parte de este departamento del Gobierno Gallego.

Posteriormente, la Inspección de Trabajo identificó diferentes «irregularidades» y «deficiencias» cometidas por la Consellería de Educación en la protección de la salud de los trabajadores en colegios frente a la pandemia y realizó varios requerimientos por diversas cuestiones en esta materia.

Entre ellos, falta de actualización de medidas a protocolos por el covid, ausencia de identificación de tareas de mayor riesgo, insuficiente adaptación de personal vulnerable a los puestos de trabajo que procedan, así como «incongruencias» sobre los EPI (equipos de protección individual) a emplear con personas con síntomas compatibles de covid.

Este jueves, la CIG ha difundido la resolución definitiva de la Inspección tras la citación y comparecencia del Gobierno autonómico el pasado 16 diciembre para dar explicaciones a estos requerimientos.

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Consellería se negó a realizar las citadas evaluaciones de riesgos y de exposición de los diferentes puestos de trabajo a la covid-19, alegando que no había necesidad y argumentando que las medidas y protocolos impulsados se realizan en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

PERSONAL VULNERABLE

Otro punto ligado al anterior se refiere a la evaluación de riesgo del personal especialmente vulnerable y a la consiguiente adaptación de su puesto de trabajo, que Educación tampoco consideró necesario apelando al bajo nivel de transmisión existente en los centros y que la mayoría de contagios se registraron en el exterior.

En este sentido, trasladaron que no procede llevar a cabo mayor adaptación que la prohibición de acompañar a la sala de aislamiento, tal y como recoge el protocolo, en determinados casos a alumnos o trabajadores que experimenten síntomas compatibles.

La propia Inspección entiende, sin embargo, que sí hay determinados puestos que están sometidos a un mayor riesgo que el de ‘bajo nivel de exposición’.

NO HAY CONTROL DIRECTO

Sobre la planificación resultante del protocolo remitido a cada centro, Educación reconoció que no existe un control directo dado que cada uno tiene la responsabilidad de asumir la adaptación al contexto covid, a pesar de que la Inspección insiste en la necesidad de revisar el proceso.

Tampoco atiende las recomendaciones para solventar las incongruencias sobre el uso de EPIs detectadas, y reitera que es «responsabilidad de cada centro y «no se justifica el incumplimiento del requerimiento practicado».

LA CIG ESTUDIA ACCIONES

La CIG ha considerado «constatadas» todas «las carencias» del trabajo realizado por Educación y ha anunciado que estudiará la adopción de otras medidas, sin descartar recurrir «a la vía judicial» ante esta «negligencia» en materia de salud laboral.

«Conscientes de que el mal ya está hecho y que el entramado burocrático y administrativo, junto con las propias limitaciones de la inspección de trabajo para actuar contra una administración, provoca que no exista una vía de urgencia para obligar a resolver todos los requerimientos de la autoridad laboral y a depurar responsabilidades», reconoce.