La reforma educativa, la LOMLOE, también denominada ‘Ley Celaá’, y el ‘pin parental’ han vuelto a enfrentar este martes en el Pleno del Congreso a PSOE y Podemos con PP, Vox y Ciudadanos, acusándose mutuamente de permitir el «adoctrinamiento» en las aulas.

El cruce de acusaciones se ha producido durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PSOE sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado, iniciativa que al término del debate ha sido transaccionada con Cs y PDeCAT y que será sometida a votación este jueves.

Durante el debate, la diputada socialista, Luz Martínez Seijo, ha justificado la presentación de la iniciativa en el «adoctrinamiento» que la derecha realiza a través del denominado ‘pin parental’, que ha calificado de «censura».

La diputada ha criticado al PP por «manosear» la palabra ‘libertad’. «La proclaman a la vez que la restringen», ha dicho en referencia al veto a Irene Montero a un instituto público para dar una charla), al tiempo que ha pedido a PP y Cs que actúen de una manera «responsable», no cediendo al «chantaje» de Vox.

Del mismo modo se ha expresado Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, que señala que esta proposición no de ley «cobra sentido» por el ‘pin parental’ de PP y Cs en aquellas comunidades que gobiernan, ya que, a su juicio, supone un «ataque directo para muchos colectivos y al sentido último de la educación».

«¿Se imagina que alguien terraplanista pudiera sacar a sus hijos del colegio porque se le enseñe que la Tierra es esférica?», ha lanzado, añadiendo que «eso es lo que pretende hacer Vox» con los contenidos educativos que tienen que ver con la «igualdad, la diversidad y los avances sociales».

Por el contrario, la diputada ‘popular’ Sandra Moneo ha criticado la iniciativa del PSOE por estar «sellada con profunda hipocresía». «Se atreven a hablar de libertad», ha comenzado diciendo, señalando que esa libertad la «han atropellado» con la LOMLOE. A su juicio, esta Ley «destila sectarismo de la primera a la última línea», por lo que ha preguntado a la diputada socialista que «de qué libertad hablan».

Y, a continuación, le ha echado en cara la supresión, en dicha Ley, del carácter vehicular de la lengua castellana en la Educación y de la «asfixia» que hace a la educación concertada para «imponer un modelo único» educativo. «Ustedes no creen en la libertad de pensamiento», le ha recriminado.

En contra de la propuesta se ha posicionado también Vox. Su diputado, Francisco José Contreras, considera que «la LOMLOE persevera en el hostigamiento a la concertada» y ha calificado la proposición no de ley de los socialistas de «psicodélica». «Lo que ha ocurrido en los últimos 40 años ha sido un adoctrinamiento sistemático», ha dicho, mientras ha acusado al PSOE y a Unidas Podemos de «manipulación» en los libros de historia de Cataluña. Y, al igual que el PP, ha recriminado que se haya eliminado el carácter vehicular del castellano en las aulas.

Sobre este último tema se ha centrado Marta Martín, de Cs, que ha acusado al Gobierno de «vender» el castellano a cambio del apoyo de los partidos nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Con respecto al ‘pin parental’, la diputada ‘naranja’ ha explicado que «la clave» está en «compaginar» el derecho que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y a «vetar» lo que no quieren.

«Los contenidos han de transmitirse garantizando la ausencia de distorsiones, y ahí los padres tienen derecho a elegir; y se tienen que vetar todas las malas praxis», ha dicho Martín, que también ha acusado al Gobierno de «permitir el adoctrinamiento» en las aulas en Cataluña.

ERC Y PNV, CRÍTICOS CON EL GOBIERNO

Aunque desde ERC, Montserrat Bassa ha dejado claro que su formación defiende «la libertad de enseñanza y de pensamiento», ha anunciado su voto en contra por la «represión a pleno rendimiento» del Estado español. «¿Cómo promover el pensamiento crítico sin miedo a nuevas represalias?», se ha preguntado.

Bastante crítica con el Gobierno ha estado también la diputada Isabel Pozueta, de EH Bildu, que ha calificado la propuesta del PSOE de «paradójica». «Todos tenemos derecho a la educación, ¿pero a qué educación, señorías?», ha formulado en referencia a su queja de que las comunidades no tengan más competencias en educación y tengan que enseñar los contenidos dictados por el Estado.

A FAVOR, MÁS PAÍS-EQUO Y PDECAT

La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, que ha dicho que votará a favor de la propuesta, ha aseverado que le parece «curioso» que «quienes más se llenan la boca» con la palabra ‘libertad’ son aquellos que «cuestionan a los niños como sujetos de derecho». «Las censuras parentales, según las principales organizaciones de infancia, son una vulneración de los derechos de los niños a una formación integral», ha advertido a la derecha, para asegurar también que los niños «tienen derecho a no heredar los prejuicios de sus padres y a ser educados en libertad».

En la misma línea ha intervenido Sergi Miquel i Valentí, del PDeCAT, que ha recordado que si los padres educan a los hijos con capacidad crítica, estos van a ser críticos también con las ideas de sus padres. A su juicio, hay que buscar el «equilibrio» en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos con el dar a los hijos la capacidad de pensar de manera crítica. «El ‘pin parental’ es adoctrinamiento», ha zanjado.

Por parte de PNV, Josune Gorospe se ha limitado a defender que «uno de los grandes valores de la sociedad» para su grupo es «la cohesión social» y que «uno de los elementos determinantes para lograr una sociedad cohesionada» es «un buen sistema sanitario y, por supuesto, un buen sistema educativo».

Crítico con ambos lados ha sido Néstor Rego, del BNG, al mostrar su preocupación con la «ultraderecha», que «coarta la libertad de pensamiento», y con el Gobierno, por «perder la oportunidad de garantizar una educación pública laica» en la nueva Ley educativa, la LOMLOE.

Mientras, Carlos García Adanero, de UPN, ha acusado al Gobierno de haber aprobado una Ley educativa caracterizada por esa «falta de libertad», por el «adoctrinamiento» y por recoger «el pensamiento único», ya que, en su opinión, «no existe con esa Ley, libertad de educación ni de elección» de las familias.