La Comisión de Educación y FP del Congreso ha rechazado este martes, por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparezca en dicha Comisión para dar explicaciones sobre la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) está realizando sobre la orden ministerial del 21 de abril que permitía a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos.

La iniciativa, a petición de Cs y de UPN, ha sido sometida a votación en la Comisión porque la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado día 18 de noviembre, decidió, por mayoría, no celebrar las comparecencias referidas. Pero como no se obtuvo unanimidad, el acuerdo sobre la celebración de dichas comparecencias tiene que ser adoptado por la Comisión, que finalmente ha votado este martes en contra por los votos de PSOE y Unidas Podemos, frente a los votos a favor de PP, Cs, Vox y UPN.

La Orden sobre la que la Fiscalía está investigando, que se enmarca en la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su momento tras la denuncia de un particular, recoge los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril.

Dicho documento, que contó con el respaldo de 12 comunidades autónomas (País Vasco, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León mostraron su «disconformidad» con las directrices) establece que la repetición de curso debía ser «muy excepcional» para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantuvo suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pudiese perjudicar al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.

En ese sentido, la orden ministerial firmada por Celaá, que entró en vigor el 25 de abril, permite a las comunidades autónomas competentes «flexibilizar» los criterios de evaluación, promoción y titulación «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes».

La comunidad educativa criticó entonces dicha Orden, al asegurar que era contraria a la ley de educación vigente (que además es una ley orgánica), la LOMCE, ya que ésta sí establece un límite para poder pasar de curso (se repetirá con más de tres materias pendientes en Secundaria o dos en Bachillerato), y recoge que no se puede obtener el título de Bachiller sin haber aprobado todas las asignaturas. Asimismo, criticaron que la Orden era contraria a la Constitución, ya que delegaba competencias a las comunidades autónomas que son propias del Estado.

Precisamente, la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, (que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y tendrá que continuar su tramitación en el Senado), que derogará la LOMCE, recoge la excepcionalidad de repetir curso.

«La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria», reza el texto del proyecto.

HECHOS «GRAVÍSIMOS»

Durante el debate, el diputado de UPN, Sergio Sayas, ha criticado que desde el Gobierno no se permita a la ministra dar explicaciones sobre dicha investigación en el Congreso, crítica que ha sido compartida por Marta Martín (Cs), que asegura que «los españoles tienen derecho a saber qué ha pasado» con unos hechos que tacha de «gravísimos», mismo calificativo que ha utilizado para definir este veto o, en sus palabras, «censura».

«Tiene la suficiente gravedad e enjundia como para que la ministra venga a informarnos y a explicar por qué tomó esa decisión; lo que se ha producido es suficientemente grave», considera por su parte Joaquín Robles, de Vox, mientras que desde el PP, Óscar Clavell, ha reprochado al PSOE que cuando se encontraba en la oposición, pedía comparecencias «a diario» y ahora que está en el Gobierno no quiere que se celebre «ninguna».

Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto a que la ministra tenga que acudir a la Cámara Baja a dar explicaciones sobre tal asunto. Así, la diputada socialista Luz Martínez Seijo, en respuesta al ‘popular’ Clavell, ha recordado que cuando el PP gobernaba con Rajoy solo comparecían sus cargos cuando era «preceptivo», es decir, para presentar los Presupuestos «y poco más». Martínez Seijo ha justificado su ‘no’ a que es un «tema menor» utilizado, a su juicio, por los medios de la derecha y porque se trata de una acusación que «no ha tenido recorrido» ni «fundamento».

También Joan Mena (Unidas Podemos) ha defendido su voto en contra de la celebración de la comparecencia: «No es un asunto que, de alguna manera, requiera de una comparecencia de ese tipo». Además, considera que la ministra ha comparecido «en muchas ocasiones» en el Congreso y desde la formación ‘morada’, dice, están seguros de que Celaá «volverá a comparecer cuando convenga».