El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado a los ayuntamientos que ya pueden sancionar las infracciones vinculadas con no cumplir las restricciones sanitarias por el coronavirus, en el marco de la actual Ley de salud de Galicia, si bien ha indicado que, de ser necesarias modificaciones normativas, se llevarán a cabo para ajustarse más a la situación de la pandemia.

En declaraciones a los medios este miércoles, Rueda ha incidido en que «hay que sancionar la irresponsabilidad que se sigue produciendo entre aquellos que se siguen creyendo inmunes y siguen pensando que con su actitud no se ponen en peligro». «Que sí, y ponen en peligro a los demás. Esto debe de ser perseguido y sancionado», ha advertido el vicepresidente primero.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió en la sesión de investidura a llevar a la cámara una nueva ley de salud de Galicia con la que se ajustará la normativa a la nueva realidad de la pandemia por el coronavirus. Será en este marco de actualización de la ley en la que, según han explicado fuentes de la Xunta, se estudiará si se amplían las sanciones actualmente ya recogidas en la normativa de 2008 y que pueden suponer multas de hasta 3.000 euros.

En este escenario, Rueda ha recordado que la Xunta mantuvo una reunión con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para establecer cómo se llevaría a cabo la actuación sancionadora. En este sentido, ha apelado a que la Xunta se ofreció a «ayudar a aquellos ayuntamientos que tengan poca capacidad para tramitar expedientes», mientras que los grandes municipios tendrían que efectuarlo por sí mismos.

Un informe de la asesoría jurídica de la Xunta, al que tuvo acceso Europa Press, concluyó que cada administración debe tramitar las sanciones por infracciones de las normas frente al coronavirus de aquellas cuestiones que son de su competencia, con lo que a los ayuntamientos les corresponde hacerse cargo de los expedientes por no llevar mascarilla, superar aforos en locales y actividades afectados por restricciones o saltarse los horarios de cierre.

La Fegamp había reclamado a la Xunta una normativa clara sobre los procesos sancionadores y las competencias de cada administración. Los ayuntamientos esperaban que la Xunta asumiese la gestión de las multas que tienen que ver con normas estrictamente sanitarias, como puede ser el uso de la mascarilla.

Con anterioridad, la Abogacía del Estado había concluido en un informe que los expedientes sancionadores debían ser tramitados «preferentemente» por la Administración autonómica, pero hasta ahora la Consellería de Sanidade los había devuelto a los ayuntamientos, por lo que las multas no estaban llegando a manos de los infractores.

«LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN HACER LA TRAMITACIÓN»

«Lo que nos interesa es que va a haber sanciones y, si hace falta hacer modificaciones normativas, se harán», ha adelantado Alfonso Rueda en sus explicaciones este miércoles a la prensa. En sus declaraciones, ha recordado que a día de hoy existe una capacidad sancionadora, avalada con la normativa de salud, para multar «con hasta 3.000 euros» situaciones como «fiestas» y ha señalado que «los propios ayuntamientos pueden hacer esa tramitación».

Rueda ha insistido en que si hubiese que modificar las sanciones para adaptarlas a la situación actual, «pues se haría». «Pero a día de hoy, ya se pueden sancionar este tipo de fiestas con hasta 3.000 euros», ha enfatizado, antes de sentenciar: «a todos nos interesa que esta situación no se produzca y, si se produce, que se sancione».