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La CIG denuncia la «sobrecarga» a los centros de salud con los test «inútiles» en centros escolares

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La CIG ha denunciado la «sobrecarga» para los centros de salud que, a su juicio, supondrá «la obligación de hacer los test del virus SARSCoV-2 al profesorado y el resto de personal de los centros escolares», a los que se están realizando test serológicos de doble banda. De ellos, los califica de «inútiles» por su «baja fiabilidad».

En un comunicado, afirma que A Coruña será «la única área sanitaria donde la gran mayoría de estas pruebas se harán en los propios centros escolares, obligando a la enfermería al desplazamiento correspondiente».

La central sindical sostiene que la Atención Primaria está «en una situación insostenible, donde la falta de profesionales es superior a años anteriores». «Soportando la situación asistencial derivada de la pandemia COVID-19», recalca.

Al respecto, la secretaria comarcal de CIG-Saúde de A Coruña, Lucía Peón, sostiene que serán «7.000 las personas a las que hacer los test y después citar para darles el resultado».

«ACTUACIÓN INÚTIL»

Además de la repercusión en el personal de los centros de salud, indica que la comunidad educativa «debe saber que esta actuación es inútil». «A nadie le gusta hacer algo que sabe que es inútil, pero más aún cuando, por hacerlo, sabes que van a aumentar las listas de espera para analíticas o para ver pacientes que realmente lo necesitan», apunta.

Para la representante sindical, «la baja fiabilidad de los test que la Xunta decidió hacer en este caso no valen para tomar decisiones». «Porque si sale positivo, habrá que hacer otras pruebas para confirmarlo y si salen negativos no hay ninguna garantía de que la persona no tenga la infección».

«Todo este montaje, con molestias tanto para los centros educativos como para la Atención Primaria, es para nada», sostiene Lucía Peón para quien «hay otros test fiables y de garantía que podrían hacerse si el objetivo fuese la seguridad de los centros», añade en referencia al «PCR y test ELISA de anticuerpos». Por otra parte, la central exige un «uso racional y eficiente» de los recursos, «sobre todo del personal».

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