El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador que negociará a partir de este mes con sindicatos, rectores y comunidades autónomas y ha garantizado que la reforma permitirá acabar con la situación de precaridad «escandalosa» de este colectivo, en alusión a los profesores asociados.

«La idea de que no se se protege a profesores asociados es totalmente falsa porque lo que busca es acabar con la precaridad con un periodo transitorio paro pasarlos a un estatus normal de un escalón de carrera académica que sería doble, una que es funcionarial y otra laboral, con los mismos derechos, obligaciones y salarios», ha indicado Castells en una entrevista en Radiocable.

Según ha explicado, «la apertura de esa carrera laboral es lo que permite, sin necesidad de crear plazas de funcionarios, contratar de forma indefinida y en condiciones dignas el conjunto del profesorado».

Según Castells, está previsto un «periodo transitorio para que las personas puedan adaptarse y para que nadie salga perjudicado». No obstante, el ministro ha recordado que se trata de un borrador que va a negociarse.

«No voy a dar detalles porque no quiero empezar a debatir sobre lo que todavía estamos dialogando porque puedo sesgar un dialogo tranquilo», ha añadido el titular de Universidades.

Segun han indicado fuentes del Ministerio a Europa Press, la idea es que a partir de septiembre se elabore un borrador consensuado con los agentes sociales. Este borrador seguirá entonces su trámite habitual, es decir, pasará a consulta pública y luego pasará a Consejo de Ministros para su aprobación. Los sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y la CIG) se reunirán entre el 10 y el 20 de julio con el Ministerio.

REESTRUCTURACIÓN

Según el documento de propuesta redactada por el Ministerio para el EPDI, que requeriría la modificación de la Ley de Universidades, y al que ha tenido acceso Europa Press, se reestructuraría el régimen de figuras para el personal docente e investigador, que pasarían a ser de Titular y Catedrático de Universidad en el caso de la carrera funcionarial, y de Profesor Doctor, Profesor Titular Contratado de Universidad y Catedrático Contratado de Universidad en el caso de personal laboral.

De este modo, según se desprende del texto, esta carrera académica aseguraría «los hitos de incorporación, consolidación y promoción», estableciendo el Doctorado como condición previa para el desarrollo de esta.

Además, a esta carrera académica no funcionarial se añaden otras figuras que responden a situaciones específicas, como la de Profesor Extraordinario, Profesor Emérito, Profesor Sustituto Temporal y la de Profesional Asociado.

«Con el conjunto de cambios que introduce esta Ley, se sientan las bases de un modelo de carrera académica que asegure el progreso, elimine la precariedad, equipare derechos y deberes entre el conjunto del PDI, y adecúe cada figura a su verdadera naturaleza y funciones, respetando y promoviendo la integración social y la igualdad de género», señala el documento.

CARRERA PARALELA

Sin embargo, para el responsable de Universidades del sindicato CSIF, Ramón Caballero, lo que recoge el documento del Ministerio es la voluntad de «hacer una carrera laboral paralela a la funcionarial», lo que supone un «disparate auténtico». «Se pierde seguridad administrativa y jurídica, no le vemos la ventaja de ninguna de las ventajas», lamenta en declaraciones a Europa Press

A su juicio, lo que pretende Castells es extrapolar el modelo catalán (con su programa Serra Húnter, que permite sacar plazas exclusivas creadas por la Generalitat catalana) al sistema universitario español, o implantar un modelo de influencia anglosajona.

Pero este modelo, según Caballero, lo que hace es «empobrecer la carrera profesional y complicarla», además de que no es lo que necesita la universidad española: «No tratamos de buscar un premio Nobel, sino de dar un servicio de educación a la población».

A esto se suma, la situación de los Profesores Asociados, «el colectivo más precario», que no obstante representa el 34,1% del conjunto del personal docente e investigador de las universidades públicas. «No encuentras en el texto ninguna ventaja con respecto a personas que vienen de fuera, es un auténtico engaño», señala el responsable de CSIF, que recuerda cómo Castells ha anunciado en alguna ocasión que tratará de solucionar su situación.

La Asociación del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas ha salido ya criticando este primer borrador de lo que será el Estatuto del PDI. La entidad ha dirigido un escrito al ministro Castells en el que le exige «dignidad» y en el que ha mostrado su «decepción».

«No reconoce el fraude de ley sistemático que ha persistido durante años; ni siquiera parece ofrecer la más mínima solución a ninguno de nuestros problemas principales: el salario, la promoción y la estabilización», lamentan.