Pensionistas, trabajadores de residencias y familiares de usuarios han convocado el jueves día 11 de junio «marchas cívicas» en las siete ciudades gallegas para reclamar servicios públicos de calidad en las residencias de mayores y mostrar su solidaridad con las víctimas del coronavirus en estos espacios.

Estas protestas, convocadas por el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) y el grupo de Traballadores de Residencias de Galicia (Trega), cuentan con el apoyo de familiares de residentes en estos espacios, que tomarán la palabra en las manifestaciones.

En una rueda de prensa telemática celebrada este jueves, el médico Francisco Vizoso, miembro de Modepen, ha explicado que con estas protestas buscan crear «un movimiento social» que permita conseguir unos servicios «mínimamente dignos» tras una «realidad» que, según ha indicado, se evidenció «con la mortalidad» registrada durante la pandemia en estos centros.

«Creemos que hay un claro riesgo de que todo vuelva a la situación anterior a no ser de que la gente reclame un cambio», señala Vizoso, que ha incido especialmente en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en estas residencias y tomar medidas «que eviten que vuelva a pasar lo que ha pasado».

«Le pedimos a todos los sectores que están escandalizados con lo que pasó en las residencias que participen en las marchas. Si lo que pasó pasa en medio del silencio pensamos que tenemos un problema grave como sociedad», ha manifestado.

En este sentido, las trabajadoras de estos espacios, Sonia Jalda y Maribel Barreiro, han considerado que la COVID-19 ha evidenciado situaciones que llevan «muchos años denunciando» como el hecho de que «no se contrata al personal suficiente» para atender a todos los usuarios que residen en estos espacios.

REIVINDICACIONES

A la vista de estas cuestiones, con las marchas, los convocantes prevén denunciar la «fortísima privatización» de las residencias y demás servicios gallegos de la dependencia. «Solo el 15,6% de las plazas de las residencias gallegas son plenamente públicas, es decir de titularidad y gestión pública», señalan.

Además, exigen unos servicios sociales «100% públicos». «Necesitamos residencias y servicios de atención en el hogar, centros de día… De titularidad y gestión plenamente públicos y caracterizados por ser universales, centrados en los cuidados en el domicilio y de calidad», apuntan.

En este sentido, abogan superar el modelo actual de servicios públicos para los mayores y dependientes, que consideran «marcado por su enorme privatización», «precios carísimos» y una calidad de atención «muy mejorable».

«El derecho al correcto cuidado en el ocaso de la vida debe ser garantizado por los poderes públicos, como sucede en los países nórdicos; y como ya sucede en la educación o en la sanidad pública», inciden.

Por último, mediante estas acciones reivindicativas que tendrán lugar en las siete ciudades gallegas, los participantes se solidarizarán con las víctimas de la COVID-19 en las residencias y demandarán justicia y reparación para las mismas.

CONCENTRACIONES CONVOCADAS POR LA CIG

Por otra parte, este jueves, el colectivo de jubilados y pensionistas del sindicato CIG ha convocado movilizaciones ante varias residencias gallegas en demanda de un sistema público gallego de atención a las personas mayores.

El sindicato nacionalista pide dotar a este sistema de los recursos y medios suficientes, que prime la asistencia de calidad y rompa con el modelo privatizador que, según denuncian, ha fomentado el Gobierno del PPdeG en los últimos años.