La Xunta de Galicia aprovechará este jueves la conferencia sectorial de Vivienda convocada por el Ministerio de Transportes para trasladar al Estado la «creciente inquietud» por la ocupación de viviendas que se está suscitando en las comunidades autónomas.

Así, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, incidirá en que, si bien las medidas temporales aprobadas por el Gobierno para aliviar la carga financiera que supone la vivienda habitual para la población más vulnerable «contribuyen a mitigar estos efectos en el corto plazo», existe «una mayor incertidumbre sobre las consecuencias que podrán tener estas medidas a medio plazo sobre el mercado inmobiliario».

La responsable autonómica considera necesario «otorgar y garantizar mayor seguridad jurídica» en los alquileres, con el fin de «evitar casos de ocupación con su consecuente alarma social», así como una «progresiva desincentivación de la salida al mercado de vivienda en alquiler debido a la incertidumbre que puede generar esta situación entre algunos pequeños propietarios o promotores» que temen una ocupación.

A mayores, la conselleira volverá a incidir este jueves ante el ministro y el resto de representantes de las autonomías en la necesidad de consensuar previamente con las comunidades aquellos programas relacionados con la vivienda y cuya gestión recaerá sobre ellas.

El objetivo, ha indicado la Xunta, es evitar que se repitan situaciones «como la ocurrida con el Real decreto-ley del 31 de marzo y la Orden del 9 de abril» aprobados por el Gobierno frente al coronavirus y en cuya tramitación «no se tuvo en cuenta a opinión de las comunidades, a pesar de que sobre ellas recayó la gestión de parte de las medidas adoptadas».

MÁS FINANCIACIÓN

El Gobierno gallego convocó el 22 de mayo las nuevas ayudas para minimizar el impacto económico y social de la actual crisis sanitaria en los alquileres de vivienda habitual, con una dotación inicial de casi ocho millones de euros. Esta cuantía, en todo caso, resulta «claramente insuficiente para atender a todos los posibles beneficiarios que cumplirían las condiciones y requisitos de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno», destaca el Ejecutivo autonómico.

Por eso, la conselleira aprovechará la reunión del jueves para insistir en la necesidad de lograr más financiación e incrementar así la dotación inicial de estas ayudas, a las que, según las estimaciones de la Xunta, podrían tener derecho entre 50.000 y 75.000 gallegos.

El departamento autonómico ha recordado que, a día de hoy, el Gobierno aún no ha dado autorización para que las comunidades que así lo deseen puedan utilizar los remanentes de crédito de convocatorias de años anteriores del Plan de Vivienda a conceder y pagar ayudas al alquiler para personas afectadas por el impacto de la COVID-19. Según los cálculos del IGVS, estos remanentes ascienden a 4,9 millones de euros en el caso de Galicia.

SUELO RESIDENCIAL

Por otra parte, la Xunta ha reanudado el procedimiento para la presentación de ofertas al concurso de suelo residencial convocado por la empresa pública Xestur, cuyos plazos quedaron suspendidos a causa de la COVID-19. El plazo para poder participar terminará el próximo 7 de julio a las 14,00 horas.

Por medio de este concurso público, el Gobierno gallego ponen cerca de 38.000 metros cuadrados de suelo residencial urbanizado a disposición de los promotores y cooperativas que quieran llevar a cabo viviendas protegidas en las ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo y Pontevedra. Los interesados pueden acceder al pliego de las bases y a la relación de parcelas ofertadas a través de la página web de Xestur o en las oficinas de la empresa pública.

La adjudicación de las parcelas podrá realizarse en régimen de compraventa o, por primera vez, en derecho de superficie, en cuyoo caso se destinarán obligatoriamente a la construcción de viviendas protegidas para alquiler, en régimen especial o régimen general. El derecho de superficie tendrá una duración de 30 años.

Para la adjudicación tendrán preferencia las ofertas que vayan destinadas a la construcción de viviendas en alquiler. En el caso de empate entre dos o más ofertas, se valorará la propuesta arquitectónica, las soluciones bioclimáticas y de sostenibilidad, eficacia energética y otras mejoras ofertadas.

En el conjunto de las ciudades se ofrecen en total 23 parcelas, que permitirán la construcción de 1.381 viviendas protegidas para las familias gallegas, ha informado la Xunta.

POLÍGONO DE RIBADAVIA

La conselleira de Medio Ambiente ha trasladado este martes al alcalde de Ribadavia, César Manuel Fernández Gil, la colaboración del Instituto Galego de Vivenda e Solo en la ampliación del Polígono empresarial de esta localidad.

Así se recoge en el protocolo de colaboración firmado por ambos, según el cual el Ayuntamiento de Ribadavia asumirá la modificación del plan parcial actual, con el fin de adaptarlo a la normativa aplicable, así como a las exigencias de sostenibilidad requeridas.

Esta tarea podrá coordinarla con los servicios técnicos en materia de urbanismo del IGVS, que será el órgano promotor de la actuación, por lo que contratará y redactará los proyectos de urbanización y de parcelamiento, siempre y cuando se apruebe la modificación parcial.

El siguiente paso será ejecutar las obras de urbanización, que serán asumidas por el Gobierno gallego y que permitirán poner a disposición más de 50.000 metros cuadrados en este parque empresarial de Ribadavia.

PLANES BÁSICOS MUNICIPALES

Finalmente, la Consellería de Medio Ambiente prevé que este verano se pueda iniciar la tramitación ambiental de los Planes básicos de ordenación municipal (PBM) de Porqueira y Triacastela, según ha trasladado la conselleira a sus alcaldesas, Susana Vázquez y Olga Iglesias.

Ángeles Vázquez ha señalado que ambos proyectos «caminan de manera paralela», ya que en el mes de abril se le trasladó a los equipos redactores correspondientes el informe de integridad documental para que modifiquen y completen ciertos aspectos del documento, antes de iniciar el siguiente paso, su tramitación ambiental.

El Plan Básico Municipal es una herramienta impulsada por la Consellería de Medio Ambiente, pensada para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no cuentan con planeamiento general, con el objetivo de dotar a estos ayuntamientos de un instrumento urbanístico básico que les permitirá ofrecer una capacidad de acogida residencial y económica que dé respuesta al desarrollo elemental de una cierta actividad urbanística, pero sin establecer criterios de crecimiento urbano.