El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar este domingo al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para Galicia y ha mostrado sus sospechas del «interés político» que tiene la decisión de ceder esta competencia a, por lo menos, País Vasco y Navarra tras un pacto del Ejecutivo con el PNV.
En la rueda de prensa tras la ya tradicional videoconferencia de Sánchez con los líderes autonómicos de los domingos, Feijóo ha recordado que la Xunta lleva gestionando la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) 29 años, desde 1991: «Y por lo tanto sabemos la importancia que tiene».
De este modo, el mandatario gallego forma parte del frente común junto a sus homólogos en Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria para gestionar desde las autonomías el IMV y ha dicho que «no es respetuoso» con los ciudadanos que haya solo tres –además de País Vasco y Navarra, ha incluido a Cataluña tras las negociaciones del Ejecutivo con ERC– que puedan hacerlo mientras al resto se le «impide».
Para Feijóo, en esta decisión «solo hay dos opciones»: «Que el Gobierno central opine que la mejor gestión del Ingreso Mínimo Vital es la centralidad y que la ceda a País Vasco, Navarra y Cataluña por interés político, algo que estaría dentro de una gran irresponsabilidad política; o que el Gobierno opine que quienes mejor gestionan el Ingreso Mínimo Vital somos las comunidades autónomas, como venimos gestionando, en el caso de Galicia desde hace 29 años».
A ello ha añadido que las familias que precisan esta renta «no tienen necesidades más o menos urgentes en función del color político» de los gobiernos. Además, ha valorado que la Administración gallega tiene ya «la experiencia en la gestión» y los «profesionales públicos» adecuados porque ya gestiona las pensiones no contributivas.
«VOLANTAZOS» DEL GOBIERNO
Además, el presidente de la Xunta ha criticado los «volantazos» dados desde el anuncio de esta nueva prestación social. «Primero se nos dijo que iba a ser un complemento de las rentas de inclusión de las comunidades, después que no, que iba a ser una prestación directa de la Seguridad Social», ha explicado, para seguidamente apuntar que todavía se desconoce «el texto» del Real Decreto-Ley que establecerá esta renta.
Sin embargo, entre las críticas, ha saludado que el Gobierno haya incluido entre las condiciones de su concesión que esté «unida» a un «itinerario de inserción laboral».
A preguntas de los medios, y en vista de que la legislación sobre la que se asienta la Risga la hace «incompatible con las pensiones no contributivas o con cualquier otra prestación de cuantía igual o superior», ha admitido que hay «una colisión claramente legal» con el Ingreso Mínimo Vital «que habría que valorar en el futuro».
16.000 MILLONES
También en clave económica, Feijóo ha vuelto a pedir en la videoconferencia «conocer los criterios de reparto» del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables anunciado hace más de un mes por el Gobierno.
Eso sí, ha dicho que ve «lógico» que ahora se prepare «una segunda entrega» de fondos a las comunidades en el marco de los 140.000 millones de euros que corresponden a España dentro de la movilización de 750.000 millones que prevé la Unión Europea.
Y es que, tal y como ha explicado, las administraciones autonómicas sostienen el 50% del gasto público, «prácticamente el 100%» del gasto sanitario y educativo del Estado y «la inmensa mayoría» del gasto social.
