El Consello Consultivo ha emitido un dictamen en el que concluye que las subidas extraordinarias de peajes de la AP-9 por las obras de ampliación de la autopista en Santiago y en el puente de Rande «son nulas de pleno derecho», al tiempo que observa un «beneficio fiscal encubierto» por parte de la concesionaria.

Así figura en un informe de 38 páginas emitido a solicitud de la Xunta de Galicia en relación con los decretos de 2011 y 2018 por los que se regulan estas alzas extra, sobre los cuales el Consello Consultivo observa que se aprobaron sin cobertura legal.

A este respecto, identifica que el convenio de 2011 para la ampliación de la AP-9 se hizo al amparo de la ley de autopistas de 1972 a pesar de no ser de aplicación determinados preceptos que ya no estaban vigentes por una modificación legislativa, por lo que se hizo prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Además, identifica que el convenio considera la variación de la cuota del impuesto sobre sociedades como un pago más que afectará a los flujos de caja de la concesionaria y se repercute en los peajes, en lo que el Consultivo tacha de «beneficio fiscal encubierto».

Sobre este extremo, el Consultivo asegura que se contraviene el artículo 133 de la Constitución, por el cual «todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley». De tal forma, considera que «es nulo de pleno derecho» al ser contrario al ordenamiento jurídico.

LA XUNTA CARGA CONTRA GOBIERNOS SOCIALISTAS

«Estamos ante la confirmación jurídica por parte del Consello Consultivo de Galicia de que los incrementos extraordinarios de la AP-9 que los gallegos sufrimos en el último año y medio son nulos de pleno derecho», asegura este miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

La conselleira llama la atención sobre que el Consultivo señala que el incremento de los peajes «acordados por José Blanco y por Gobiernos socialistas son contrarios a derecho por varios motivos», «porque no se tramitaron conforme a la ley de contratos y porque suponen incrementos de peaje por actuaciones que van más allá de la propia ampliación de la autopista».

Además, cree que «lo más grave» es que «supone una bonificación fiscal encubierta» en favor de la autopista, en una «bonificación del impuesto de sociedades» para que «tenga más ingresos», en una situación considera «insólita».