El comité de empresa de Alu Ibérica de A Coruña ha presentado este viernes denuncia ante Inspección de Trabajo para que investigue la situación de la compañía después de que Parter anunciase la venta de esta antigua planta de Alcoa y la de Avilés a Grupo Industrial Riesgo.

Además, los trabajadores prevén realizar una caravana de vehículos por A Coruña el próximo jueves, 28 de mayo, con salida a las 11,30 de la planta para atravesar la Avenida de Arteixo con destino a la Delegación del Gobierno –se prevé llegar a mediodía–. Después irán a la Subdelegación del Gobierno y se moverán por Cantón Grande, Canto Pequeno, Avenida da Marina y Praza de Ourense y volverán a repetir este circuito cinco veces.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, pide a Inspección de Trabajo que analice lo que sucede en el «día a día» en el que «se sigue sin trabajo efectivo», así como los «incumplimientos» en la venta de Alcoa a Parter de las plantas en lo tocante a inversiones y formación, entre otras.

Además, emplaza a investigar si existe una gestión de la empresa de «manera desleal», «con un presunto sabotaje que se está haciendo a los trabajadores».

Actualmente, señala que «bajó muchísimo el inventario de fábrica en todas las materias primas», mientras «no se está comprando chatarra» para producir y los proveedores trasladan «una situación muy preocupante en la que no están cobrando puntualmente», unido a la «preocupación» de clientes.

TENSIÓN PARA HACER LA ASAMBLEA

Este viernes se han vivido momentos de tensión a la entrada de la fábrica herculina con Grupo Industrial Riesgo al impedir el acceso de los trabajadores con sus vehículos para llevar a cabo una asamblea informativa.

López Corbacho relata que «siempre» realizan sus asambleas en la fábrica, ya que en el convenio se recoge que pueden hacerlas entre la entrada y la salida de turno. Tenían previsto llevarla a cabo durante media hora entre las 13,45 y las 14,15 horas.

Sin embargo, la compañía «cerró los portales» de acceso a la fábrica, por lo que «se estaba impidiendo ejercer un derecho». Ante esto, los empleados optaron por llamar a la Subdelegación del Gobierno para que se enviase a las fuerzas del orden y se redactase un informe de este incumplimiento para hacerlo llegar a Inspección de Trabajo.

Posteriormente, tras la intervención de la policía, «al final accedieron» a dejar entrar a los trabajadores a hacer la asamblea en la explanada al aire libre, con la pertinente separación para evitar riesgos por el coronavirus.

REUNIÓN CON LA XUNTA

En la asamblea, se informó de que el próximo jueves se hará la caravana de protesta, en el mismo día en el que se prevé que Alcoa se «pronuncie» sobre el bloqueo al capital destinado a Parter en el acuerdo de venta «por presunto incumplimiento» del fondo suizo.

Además, el próximo martes, 26 de mayo, el comité ha sido convocado a una reunión con la Xunta a las 12,00 horas para abordar su situación.

Prevén trasladar al Gobierno gallego que tome cartas en el asunto con sus competencias en materia industrial. Asimismo, instan a una «intervención» del Gobierno central de la planta que «se puede hacer de muchas formas».

Si bien López Corbacho considera que «hay problemas para nacionalización sin más» de estas factorías de A Coruña y Avilés, emplaza a estudiar una intervención en el nivel que «el Gobierno considere», como pueda ser la entrada de capital a través de una inversión del Ministerio de Industria.

También se aboga por establecer un administrador estatal y otro de la Xunta para que se certifiquen los pagos de Alcoa con el fin de que se destinen a inversiones y empleo en la planta y «no vayan directamente a Parter o Grupo Riesgo para que «terminen malversando».

POSTURA DE GRUPO RIESGO

Por su parte, ante esta denuncia en Inspección de Trabajo, Grupo Industrial Riesgo sostiene que las responsabilidades de la situación actual de la planta «deben ser dirigidas a Alcoa, propietarias de las mismas en los últimos años».

Grupo Riesgo asegura que se ha pedido una auditoría independiente para analizar la gestión de anteriores propietarios de las fábricas con el objetivo de garantizar que «se haya llevado a cabo acorde a la buena fe y el respeto de los compromisos». Por ello, avanza estar dispuesta a que «se lleven las investigaciones a todos los niveles».

Junto a esto, afirma que la concentración del comité de empresa de A Coruña «impidiendo a los empleados realizar su trabajo es ilegal, no había sido comunicada previamente a la empresa conforme al convenio, no tiene permiso de la autoridad y contraviene las medidas de seguridad impuestas por las autoridades durante el estado de alarma».

Así, defiende que la compañía se ha visto en la «obligación de llamar a la policía para restablecer la situación y para garantizar la seguridad de los trabajadores que acudían a la planta para desarrollar su trabajo».

Tras apuntar que «en ningún momento las nóminas de los trabajadores se han visto comprometidas», la compañía niega que «haya un colapso productivo en la fábrica».

«Actualmente, se encuentra en una fase de evaluación e implementación de nuevos procesos cuyo objetivo es la optimización de recursos. La situación económica en la que nos hemos encontrado ambas plantas (A Coruña y Avilés) ha obligado a revisar al milímetro las partidas presupuestarias», agrega.

Finalmente, asevera que la intención de la compañía es «continuar con la actividad de las fábricas en A Coruña y Avilés»; al tiempo se siguen a «rajatabla» los controles sanitarios para evitar contagios.

EL PRESIDENTE DE ASTURIAS LLAMA ESTUDIAR LA INTERVENCIÓN

En otro orden de cosas, el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que si no se asegura el futuro de la planta de la antigua Alcoa en Avilés, el Gobierno central tendrá que analizar cuestiones como una posible intervención pública.

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, Barbón ha insistido en que un gobierno autonómico no tiene capacidad para plantear la nacionalización de una empresa –como le han planteado desde Podemos Asturies– y que tiene que ser una cuestión que se contemple desde el Ejecutivo central.

Preguntado sobre si él es partidario de una nacionalización, Barbón ha indicado que si en la situación actual de las plantas de Alcoa –que pasaron a manos del fondo suizo Parter y que vendió sin previo aviso al Grupo Riesgo– no hay un futuro viable «habrá que analizar todos los instrumentos que permita la Unión Europea, entre ellos también la intervención pública».

Barbón ha dudado de la viabilidad del Grupo Industrial Riesgo y ha propuesto que los gobiernos refuercen sus competencias jurídicas para intervenir en estas cuestiones. «Que sean capaces de poner orden o al menos que tengan capacidad jurídica para opinar en algún momento concreto, esto no puede volver a pasar», ha señalado.