El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, critica que el Grupo Industrial Riesgo no ha aportado «ninguna documentación» de su proyecto industrial, que solo ha presentado este lunes «a viva voz» a los trabajadores. Además, deja claro que cualquier plan de futuro debe ser «avalado» por la mesa de seguimiento industrial de las antiguas plantas de Alcoa en la ciudad herculina y Avilés, por lo que urge al Gobierno a su convocatoria.

«No nos vale esta puesta en escena de lo que quieren hacer, porque de entrada se están incumpliendo los acuerdos firmados con inversores anteriores, como para fiarnos a viva voz de lo que nos digan otros», apunta López Corbacho en declaraciones a Europa Press.

Así, explica que se ha presentado un proyecto que pasa por una inversión de 250 millones a nueve años, de los que 150 millones se ejecutarían en el primer lustro. Se fomentaría la producción de aluminio «sin huella de carbono» en el marco de algunas inversiones como las «acordadas con Parter», a las que se suman otras nuevas para tratar chatarra y reciclado.

En este sentido, insta al Ministerio de Industria a «intervenir» para «clarificar la situación jurídica» después de que Alcoa haya dicho que Parter pudo haber incumplido el acuerdo de venta de estas plantas. Reclama que se nombre un administrador público de las plantas para aplicar las inversiones y garantizar el empleo.

De tal forma, incide en la necesaria convocatoria de la mesa de seguimiento para que exista «transparencia» y se ofrezcan «los avales de que si hay un incumplimiento de lo que se promete haya una penalización para quien incumpla».

MANTIENEN MOVILIZACIONES

Mientras, los trabajadores mantienen su convocatoria de futuras movilizaciones cuando el coronavirus lo permita. «No podemos creer solo en palabras, aquí se están incumpliendo documentos firmados», recuerda sobre la venta a Parter, «para cuanto más darle credibilidad a un discurso».

Asimismo, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña demanda a la Xunta «que se posicione en el conflicto claramente», pues siguen pendientes de un encuentro aún no convocado con el Gobierno gallego. Se muestra «decepcionado» respecto a la actitud de la Administración autonómica en comparación con lo que sucede en Asturias, en donde los trabajadores son «apoyados por su gobierno autonómico».