El Defensor del Pueblo aboga por una renta mínima estatal que sea una prestación no contributiva en el Sistema de Seguridad Social, como la que prepara el Gobierno, para superar la cobertura «desigual» dependiendo de la comunidad autónoma.
Según precisa la institución en su Informe Ejecutivo anual de 2019, las quejas que recibe y tramita en esta materia reflejan que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas es «muy desigual en función del territorio».
Para equilibrar estas diferencias, el Defensor del Pueblo aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas, bien sea «estableciendo y regulando por ley una prestación no contributiva en el Sistema de Seguridad Social», lo que considera que «sería más eficaz», bien «estableciendo una prestación con un contenido mínimo por ley». En ambos casos, cree que la nueva prestación podría ser mejorada por las CCAA.
En opinión del Defensor, las diferencias que tienen las propuestas presentadas en los últimos años podrían ser superadas buscando un equilibrio técnico y político a través del debate legislativo. «Existe margen para un acuerdo en materia de ampliación de la garantía de rentas en España, que se traduzca en una propuesta legislativa viable, con un amplio apoyo parlamentario, que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis», subraya.
Precisamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está ultimando junto a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 un Ingreso Mínimo Vital, que llegaría a un millón de hogares en España en situación de vulnerabilidad.
El IMV será aprobado por el Consejo de Ministros durante la segunda quincena de mayo, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno y empezará a cobrarse en junio. La cuantía del mismo oscilará entre los 462 euros para los hogares unipersonales hasta los 1.015 euros para las familias formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo.
DILACIONES EXCESIVAS
El mayor número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo relacionadas con las rentas mínimas tuvo que ver con las dilaciones excesivas, y destaca como «especialmente significativo» el retraso que se ha ido acumulando en los últimos años en Andalucía. A fecha 5 de septiembre de 2019, había 43.411 solicitudes pendientes para las que había transcurrido el plazo máximo de resolución.
Además, en dicha fecha se estaban resolviendo solicitudes presentadas en enero de 2018, con un retraso de un año y medio, lo que demuestra, a juicio del Defensor, «la necesidad de modificar el sistema de gestión de la renta mínima de inserción social con carácter urgente».
Por ello, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación y varios recordatorios de deberes legales a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a fin de que adopte las medidas necesarias para la dotación de medios personales y materiales que garanticen la resolución de las solicitudes de renta mínima de inserción social en el plazo previsto por la ley.
La institución también señala que la existencia de demoras en la tramitación, tanto de solicitudes como de recursos de alzada, está asimismo presente en otras comunidades autónomas, como Cataluña, el Principado de Asturias o la Generalitat Valenciana. Además, el Defensor continuó recibiendo quejas sobre distintos aspectos de la regulación y la gestión de la prestación en la Comunidad de Madrid y realizó cuatro recomendaciones para mejorar el servicio de esta prestación.
