La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha mantenido en la mañana de este martes una videoconferencia con miembros de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) para analizar el impacto que está teniendo en estas empresas el estado de alarma derivado de la COVID-19, así como las posibles medidas de reactivación para recuperar la actividad.

Así, los responsables de Hyspalit han reclamado que se diseñe y apruebe un plan de reactivación del sector industrial de la construcción en diferentes campos, incluido el de la vivienda.

En esta línea, la conselleira ha coincidido en la importancia de que todas las administraciones competentes ayuden a sentar las bases para garantizar la recuperación de un «sector estratégico» como el constructivo y ha trasladado a los representantes de las empresas las principales medidas impulsadas en las últimas semanas desde su departamento.

Con ello, la conselleira se ha referido tanto a «los incentivos y condiciones ventajosas» que ofrece la Xunta a las empresas para «ayudarlas la sobrellevar económicamente la actual situación», como a las medidas destinadas a «facilitar e incentivar» el acceso a una vivienda por parte de las familias gallegas.

Ángeles Vázquez ha recordado que, desde el pasado mes de abril, tanto el Instituto Galego da Vivenda e Solo como Xestur decidieron aplazar el cobro de las cuotas de las parcelas adjudicadas en derecho de superficie y alquiler, con el objetivo de aliviar económicamente a las empresas adjudicatarias.

Asimismo, este martes, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), constituido por la Xunta para hacer frente a la COVID-19, aprobará nuevas medidas de flexibilizacion de pago y de cumplimiento de deberes para «aminorar el impacto de la situación en el sector industrial».

En lo que respecta a la dinamización del mercado de la vivienda, Ángeles Vázquez ha recordado que, tal y como adelantó ya la semana pasada en el Parlamento, la Xunta otorgará una ayuda de hasta 20.000 euros para la compra de vivienda protegida de nueva construcción por parte de familias con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM.

Además, también pondrá a disposición de los promotores, «en condiciones especialmente favorables», parcelas para nueva construcción o edificaciones para rehabilitar en conjuntos históricos, destinadas a viviendas en alquiler a precios limitados.