Los principales sindicatos en Galicia –UGT, CC.OO. y CIG– reclaman la puesta en marcha de medidas sociales frente al impacto del estado de alarma provocado por el coronavirus, tras los datos de la EPA del primer trimestre en los que hubo un aumento del paro de 11.000 personas y la destrucción de 13.000 empleos en Galicia, todo ello sin que computen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en esta pérdida de puestos de trabajo.

De tal forma, Comisións Obreiras demanda a la Xunta un plan de recuperación de la economía gallega, tanto a corto como a medio plazo, en el que se prime la protección social para que las personas afectadas por la crisis puedan «vivir con dignidad».

Y es que la secretaria de Emprego de CC.OO., Maica Bouza, avisa de que este aumento de desempleo «no muestra la situación con toda su dureza». Subraya que el mayor impacto lo padecen mujeres, jóvenes y trabajadores del sector servicios. Además, apela a establecer protocolos para la vuelta a la actividad.

En esta línea, UGT advierte de que la EPA del primer trimestre «ya apunta la necesidad de medidas de protección social y una renta mínima», con un aumento de hogares con todos los miembros en paro hasta 57.200, a la vez que hay 32.700 en los que no entran ingresos.

UGT señala que el incremento del desempleo en Galicia dobla a la subida estatal, mientras llama a la extensión de los ERTE durante la desescalada para garantizar puestos de trabajo, en el marco del diseño de un plan de reconstrucción basado en el diálogo social. Deja claro que «esta crisis no finalizará con el fin del estado de alarma».

CIG VE «ESENCIAL» MEDIDAS SOCIALES

Por su parte, la CIG insiste en que estos datos de la EPA no recogen el empleo destruido en el último periodo debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

De tal forma, considera que «es necesaria la adopción de medidas de cobertura social justas» con el fin de garantizar las «necesidades básicas» de trabajadores. El secretario confederal de Emprego de la CIG, Fran Cartelle, ve «esencial» que «el coste de esas medidas sea asumido por los que se vienen lucrando en este sistema productivo en el que la generación de beneficios prima más que la salud de las personas».