El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha denunciado que la «falta de detalles» sobre la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) supone que representen una «trampa» para el empresariado.

Así se ha referido, preguntado durante una reunión organizada por la Consultora Inade, en relación a la prohibición de reestructurar las plantillas de las empresas que hayan tramitado expedientes durante seis meses una vez levantado el estado de alarma.

En este sentido, ha advertido de que no se puede garantizar que la actividad económica se reanude tras el levantamiento de esta medida excepcional, por lo que ha incidido en la necesidad de que se prorrogue la aplicación de los ERTE tras la finalización de la misma.

En esta línea, Jorge Cebreiros ha afirmado que se plantea la posibilidad de que entre 40.000 y 48.000 autónomos gallegos «no regresen a su actividad una vez finalizado este periodo». Además, ha apuntado que que 42.000 autónomos gallegos «han pedido el cese definitivo de su actividad», así como que 3.700 empresas gallegas han aplicado ERTE que han afectado a 205.000 empleados.

En cambio, el presidente de la entidad ha recordado que, antes de la crisis, se sumaban 247.000 empresas, 156.000 autónomos y más de 1 millón de afiliados a la Seguridad Social en la comunidad, cuya tasa de paro se situaba en torno al 11,8 por ciento. También ha indicado que las provincias de A Coruña y Pontevedra se situaban entre las diez más exportadoras de España.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Respecto a las consecuencias económicas de esta situación, ha explicado que la confederación empresarial que preside prevé una caída del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y una inflación contenida por la caída de precios. También espera descensos en los niveles de consumo y poder adquisitivo de los trabajadores, así como un endeudamiento de España en torno al 110 por cien del PIB. En esta línea, ha avanzado que será precisa «una subida de impuestos» para implementar nuevas medidas sanitarias.

Además, ha reprobado la gestión de la crisis realizada por el Gobierno central mediante la adopción de diferentes resoluciones y decretos que «generan incertidumbre e inseguridad jurídica entre los empresarios» y lo ha acusado de señalarlos «como culpables de la COVID-19 y de los despidos producidos».

Mientras, el presidente de la CEP ha pedido a las diputaciones y ayuntamientos de Galicia que apoyen al sector turístico mediante la adopción de medidas relacionadas con los impuestos locales. También ha reclamado a la Xunta la dotación del material de protección preciso para continuar la actividad, así como que complemente las medidas económicas del Gobierno.

CRÉDITOS DEL ICO

En cuanto a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Jorge Cebreiros ha señalado que la mitad del importe del primer tramo de los dirigidos a pymes (10.000 millones de un total de 20.000) se consumió antes de firmarse el contrato entre las entidades financieras y el instituto dependiente del Ejecutivo.

«Esto demuestra que las entidades han sido agresivas, buscando nuevos clientes, cuando en teoría el objeto de estos préstamos era avalar soluciones coyunturales generadas por el COVID-19 a clientes preexistentes», ha afirmado.

Del mismo modo, Cebreiros ha criticado que la tramitación administrativa que conlleva esta clase de préstamos provoca que «el dinero llegue con cuentagotas», por lo que «algunos empresarios han tenido que avalar con sus bienes lo que no incluye el crédito ICO».

Además, ha llamado a comunicar una posible mala praxis ejercida por las entidades financieras respecto a la venta de servicios complementarios para permitir acceder a los préstamos y ha asegurado que se denunciarán estos casos si se tiene constancia de ellos.