La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la prohibición de obras de rehabilitación en edificios habitados decretada por el Gobierno central está provocando una «avalancha» de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Así lo ha manifestado este miércoles en un audio difundido a los medios después mantener un encuentro por videoconferencia con la Federación Galega da Construcción y la Cámara de Contratistas de Galicia.

En su intervención, la conselleira ha informado de que se reactivaron más de 500 obras parte de las cuales pertenecen a su departamento. En concreto, les ha trasladado que se retomaron un total de 13 horas de rehabilitación del Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) y de la empresa pública Xestur que dan trabajo a unas 200 personas en las localidades de Betanzos, Lugo, Vigo, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Arteixo, A Pontenova y Santiago de Compostela.

En todos estos casos, según ha explicado la Xunta, los trabajos se han reactivado de forma paulatina desde el lunes, una vez levantada por el Estado la prohibición de la actividad no esencial y previa adopción de las medidas de protección recomendadas, como el mantenimiento de un aforo dentro de la obra de entre dos y tres trabajadores.

Con todo, la conselleira ha aclarado que algunas obras de rehabilitación del IGVS aún siguen paralizadas en cumplimiento de la instrucción del Estado de no retomar aquellos trabajos que afecten a edificios habitados, una decisión que, según ha indicado, está teniendo impacto económico sobre las empresas adjudicatarias.

«Hay inquietudes en el sector» ya que «hay contradicciones entre un decreto y la orden que salió última hora del domingo», asegura la conselleira en el audio difundido a los medios, en el que considera que «habrá que ir analizando en profundidad» la situación.

Y es que, según ha indicado, la prohibición de las obras de rehabilitación en edificios habitados «provoca de nuevo una avalancha de ERTE». «Pensando primero en las medidas de seguridad sanitaria por supuesto, también tenemos que ir pensando en la parte económica de estos autónomos y pequeños empresarios», ha apuntado.

OBRAS HURBE

En el encuentro telemático, además, Ángeles Vázquez les ha indicado a los constructores y contratistas gallegos que en los últimos días se están reiniciando paulatinamente las obras de humanización, mejora y renovación de elementos urbanos cofinanciadas entre la Xunta y ayuntamientos en el marco del Plan Hurbe.

Después de que el sector le trasladase su «inquietud» por la «falta de concreción» del Gobierno a la hora de explicar al tejido productivo algunas de sus decisiones y las posibles repercusiones económicas del real decreto del 31 de marzo de medidas complementarias en el ámbito social y económico frente al COVID-19, la conselleira ha recordado que gracias a la subvenciones del Plan Estatal de Vivienda, en Galicia se generan cada año casi 3.000 puestos de trabajo, en su mayor parte vinculados directamente al sector constructivo.

Por ello, ha trasmitido un mensaje de tranquilidad a los empresarios al subrayar que la Xunta se compromete a no modificar el Plan de Vivienda y continuará la senda administrativa iniciada para seguir reactivando obras.

Así, ha añadido que su intención es destinar los casi 42 millones de euros asignados a la comunidad en este plan para los años 2020 y 2021 a las ayudas y programas que ya están en marcha en estos momentos y de los que, según ha recordado, se benefician también parte de las empresas representadas por ambas entidades.

En esta línea, ha insistido en que no se puede modificar el contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de «forma unilateral» y «sin escuchar a las comunidades ni a los sectores productivos implicados».

A este respecto, ha recordado que esta misma semana se ha dirigido al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para trasmitirle su oposición a que el Gobierno utilice y desvíe fondos ya asignados y, en el caso gallego, ya comprometidos en su mayor parte, a financiar una nueva orden de ayudas dirigida a los mismos colectivos vulnerables que se benefician de los programas previstos en dicho plan.

Por último, se ha comprometido a agilizar los trámites y permisosque entren en el ámbito de sus competencias y, en especial, los relativos a las autorizaciones ambientales que requieren determinadas obras.

Asimismo, le ha tendido la mano al sector para colaborar en la elaboración de un plan de inversiones claro y definido que facilite la vuelta a la normalidad y ayude a generar confianza en las empresas en un contexto de grandes dificultades.