El Pleno del Congreso ha avalado, junto con la prórroga del estado de alarma, la convalidación de los tres decretos leyes aprobados del Gobierno con medidas laborales y ayudas económicas para afrontar la crisis del coronavirus, y ha aprobado tramitarlos como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios.

Así, el decreto ley que prohíbe el despido objetivo ha contado con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, PNV, UPN, Coalición Canaria y Teruel Existe. EH-Bildu, Más País, la CUP y BNG han decidido abstenerse, mientras que PP, Vox y Foro Asturias han votado en contra.

Respecto a la paralización de la actividad económica no esencial y su permiso retribuido recuperable, el Gobierno ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, Más País, Coalición Canaria y Teruel Existe. PP, Vox, la CUP y Foro Asturias han votado en contra y PNV, EH-Bildu, UPN y BNG se han abstenido.

Por último, el plan de ayudas y créditos al alquiler y medidas económicas como la garantía de suministro ha recibido más abstenciones que votos a favor. Así, ha sido apoyado por PSOE, Unidas Podemos, Coalición Canaria y Teruel Existe, mientras que PP, Vox, ERC, Junts, PNV, EH-Bildu, UPN, Más País, BNG y Foro Asturias han optado por abstenerse. Sólo la CUP ha votado en contra.

TRES DECRETOS DE TRES CONSEJOS EN MENOS DE UNA SEMANA

El primero de estos decretos leyes fue aprobado por el Gobierno el pasado 27 de marzo y estableció la prohibición de que las pérdidas por la crisis del coronavirus puedan justificar despidos por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción.

También se ha sometido a debate el permiso retribuido recuperable, aprobado el pasado 29 de marzo, y por el cual las empresas deben garantizar el sueldo íntegro a los trabajadores de servicios no esenciales a los que les afectó el endurecimiento de las restricciones de movimiento y actividad por la crisis del coronavirus.

El tercer decreto ley recoge el plan de ayudas económicas que presentaron los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño y que busca la movilización de recursos públicos por más de 900 millones de euros, principalmente dirigidos a créditos y ayudas al alquiler.

Ese mismo día, el martes 31 de marzo, se aprobó también otro decreto ley de protección a víctimas de violencia de género cuya convalidación se ha pospuesto a la próxima semana por la situación de baja médica de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo por coronavirus.