Investigadores de la Universidade de Vigo (UVigo) han planteado que los municipios movilicen su superávit para que se disponga de la liquidez necesaria para retomar la senda de crecimiento económico en el segundo semestre del año, tras la finalización de la crisis sanitaria derivada de la propagación del coronavirus.

Así lo han trasladado los miembros del grupo de investigación de Gobernanza y Economía (GEN) del campus de Ourense Santiago Lago y Alberto Vaquero en un comunicado en el que han suscrito la propuesta del economista de la Universidad de Sevilla (US) Diego Martínez relativa a la movilización de estos recursos.

Asimismo, han remarcado la importancia de disponer de fondos para que se pueda retomar la senda de crecimiento económico en el segundo semestre del año, para lo que han resaltado la necesidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) «lidere el proceso de flujo de crédito».

En esta línea, se ha incidido en la importancia de contar con liquidez para mantener la demanda y garantizar que las empresas «cuenten con la tesorería necesaria para afrontar los pagos que deben hacer», incluso en una situación en la que hayan aplicado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Los investigadores también han apuntado que el superávit de los ayuntamientos, que se calcula que supera los 25.000 millones de euros, genera rentabilidad dada la situación de los tipos de interés y han asegurado que, en ciertos casos, «los costes de mantenimiento y custodia implican una rentabilidad negativa» para los gobiernos locales.

Por ello, los profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo han afirmado que mediante la movilización de estos recursos, «los municipios obtendrían un rendimiento, y el Tesoro, una fuente de financiación más barata que la opción de emitir deuda de tesorería hoy».

APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS

Adicionalmente, han señalado que los remanentes también se podrían utilizar para retrasar el cobro de impuestos municipales hasta final de año sin recargo. De hecho, han recordado que el Observatorio Municipal de Galicia apunta que «la gran mayoría de los ayuntamientos gallegos gozan de una excelente salud financiera y podrían permitirse pagar sus propias nóminas y facturas con cargo a sus saldos en cuenta».

El grupo de investigación ha señalado que la liquidación de presupuestos para 2018 «muestra que los ayuntamientos gallegos cuentan con 888 millones de euros en concepto de fondos líquidos dentro del remanente de tesorería».

Ante esta situación, ha propuesto retrasar el momento de pago en aquellos impuestos locales que lo permiten, es decir, los de naturaleza periódica. En concreto, se trata del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuyo montante ascendió a 822 millones de euros, de los que 609 se correspondieron con el primero de ellos.

A este respecto, los profesionales han indicado que, para establecer esta medida, sería preciso establecer nuevos períodos para el pago de la deuda tributaria.

Asimismo, dado que los remanentes y los depósitos bancarios no son homogéneos en todos los municipios, los profesionales han apostado por analizar cada caso por separado y han apuntado la importancia de contar con el consenso de las corporaciones municipales en este sentido. En la misma línea, han asegurado que el apoyo de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «ayudaría a discutir en serio y con celeridad» la posibilidad del aplazamiento de los cobros.