La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz reciban fondos del nuevo Fondo para la Transición Justa, que a partir de 2021 apoyará a las regiones europeas más dependientes de los combustibles fósiles en su transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes.

El Ejecutivo comunitario ha dado a conocer finalmente las regiones europeas que tendrán acceso a este mecanismo, que debería comenzar a andar en 2021 con el objetivo de impulsar la descarbonización de la Unión Europea y ayudar en a alcanzar el objetivo del bloque de eliminar todo lo posible las emisiones de CO2 para 2050 y compensar las restantes.

En el caso de la provincia de A Coruña, se cerrarán las centrales térmicas de Meirama (Naturgy), en el municipio de Cerceda, así como la del Ayuntamiento de As Pontes (Endesa).

La propuesta de Bruselas es que este Fondo cuente con una dotación para siete años de 7.500 millones de euros. A España le corresponderían 307 millones según este reparto, en el que Polonia sería el mayor beneficiado con 2.000 millones.

Le siguen Alemania, con 877 millones de euros; Rumanía, con 757 millones; República Checa, con 581 millones; Bulgaria, con 458 millones; Francia, con 402 millones; Italia, con 364 millones; y España, con 307 millones. Cierran la lista con las partidas más reducidas Malta, con 8 millones, y Luxemburgo, con 4 millones.

Bruselas aspira a que el Fondo para la Transición Justa movilice unos 100.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.

Para elegir las regiones europeas que podrán beneficiarse de estas ayudas, Bruselas ha optado por identificar aquellos territorios más afectados por la transición climática, especialmente en términos de pérdida de empleo derivada de este proceso.

ESPAÑA, DE LOS PAÍSES MÁS EXPUESTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

El informe destaca que España es de los Estados miembros más expuestos a las consecuencias del cambio climática y que se ha comprometido en una «ambiciosa estrategia de descarbonización» de su economía, una transición que supone «importantes consecuencias económicas y sociales» en las provincias seleccionadas y un aumento «temporal» de la dependencia energética.

En particular, Bruselas subraya que el sector del carbón español ha perdido más de 8.000 puestos de trabajo desde 2008, principalmente en Asturias, Teruel, León y Palencia. A finales de 2018 había en España catorce centrales de carbón, con una capacidad instalada de aproximadamente 10.000 megavatios (MW).

En ellas trabajan unas 3.300 personas en tareas operativas y de mantenimiento, mientras que otros 10.000 empleos indirectos podrían sufrir también las consecuencias del cierre de las minas de carbón y las centrales.

En total, la propuesta de la Comisión Europea es que las ayudas del Fondo para la Transición Justa se destinen a unas 100 regiones de todo el bloque, de las 1.000 que hay, lo que supone aproximadamente un 10% del total y una «concentración muy significativa» de los fondos, según fuentes comunitarias.

Sin embargo, todo está sujeto a la dotación que finamente tendrá el Fondo para la Transición Justa para todo el periodo comprendido entre 2021 y 2027. Su presupuesto final depende de las negociaciones entre los líderes de los Veintisiete en las que también deben quedar fijados los de la PAC y la Política de Cohesión, entre otros.