El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves que, si el estatuto para los grandes consumidores electrointensivos «se aprueba como está», la factoría de Alcoa en San Cibrao, ubicada en Cervo (Lugo), «cierra».

«Más que garantizar el futuro, el estatuto es un parte de defunción para las empresas electrointensivas. Pone menos dinero del que había y en vez de repartirlo entre cien empresas, entre 600. Por cierto, la mayoría de estas nuevas 400 o 500 empresas, entre País Vasco y Cataluña. Si se aprueba como está, Alcoa San Cibrao cierra», ha señalado.

Lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha remarcado que «la gente cree que es un problema político» cuando «no» es así y a él le gustaría «felicitar» al Gobierno por que «rectificase» una decisión que «extiende el parte de defunción a las empresas electrointensivas», que necesitan un precio fijo de 35 o 40 euros por megavatio.

«Todo esto es una broma», ha lamentado, al tiempo que ha vuelto a recordar que, mientras en Galicia hay esta situación sobre la mesa, el Gobierno central negocia la transferencia de competencias de la Seguridad Social con Euskadi o fija una mesa de diálogo con Cataluña para hablar «de tú a tú».

Así, ha concluido que a él «no le pagan» para «activar» conflictos, pero tampoco para que se «calle» o mire «para otro lado» ante situaciones como las que vive la Mariña lucense.

ALEGACIONES

En las alegaciones pactadas por Galicia, Asturias y Cantabria se encuentra la petición de incorporar una definición diferenciada para los consumidores altamente electrointensivos y diferenciarlos del resto.

En esa línea, se busca elevar la rebaja en el precio de la electricidad hasta los 10 euros/MWh para las empresas altamente electrointensivas, que el documento inicial fija en una media conjunta de 2,25 euros/MWh.

Otra alegación relevante para este tipo de industria es el incremento de las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 hasta «el máximo» normativo que permite la UE y que podría rondar los 300 millones de euros anuales.

Además, pretenden llevar las reducciones de cargos hasta el límite máximo permitido por la Unión Europea, así como una rebaja en la fiscalidad para la industria altamente electrointensiva superior a la actualmente reflejada en el borrador.

También se demandan más incentivos para los contratos bilaterales en el sector eléctrico (PPA) y la recuperación de la interrumpibilidad con el formato previo a la última subasta, entre otras alegaciones recogidas en el documento de una docena de páginas al que ha tenido acceso Europa Press.