UGT Fica y CCOO de Industria presentarán una batería de alegaciones al borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, ya que consideran que las medidas que aporta son «insuficientes y confusas», y piden establecer la figura del consumidor hiperelectrointensivo, tal y como se hizo en Francia tras aprobarlo la Unión Europea, y recuperar el servicio de interrumpibilidad.

En un comunicado, los sindicatos consideran que la propuesta de Estatuto del Gobierno «no soluciona» el problema de las empresas que consumen energía y también muestran serías dudas sobre que se vaya a provocar «un ahorro real y no se añadan más costes al imponer nuevas obligaciones».

Así, advierten de que «se pone en riesgo» a comarcas enteras y no se vincula los mecanismos de ayuda al mantenimiento de la producción y del empleo.

Los sindicatos piden así que a este tipo de consumidores se les aplique medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico. Además, proponen reducir los peajes de acceso, compensar el 7% del impuesto de producción e incluir el ‘céntimo verde’ del carbón.

Además, UGT y CCOO, que velan también por garantizar la participación sindical en todo el proceso, echan en falta en la propuesta de Estatuto que se obligue a las empresas beneficiarias a mantener la producción y el empleo mientras estén vinculadas a las ayudas. De esta manera, plantean elevar a cinco años el ámbito temporal y a la mitad la actividad industrial.

Para las dos organizaciones, las grandes consumidoras de energía también deberían comprometerse a aplicar en sus procesos productivos las mejores tecnologías disponibles relativas a la eficiencia energética y a potenciar las inversiones necesarias en proyectos de economía circular.

ELEVAR LA COMPENSACIÓN POR CO2 HASTA LOS 280 MILLONES

Por otra parte, señalan que la partida destinada a compensar los costes por emisiones indirectas de CO2 debe estar reconocida de forma ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se debe aplicar en su integridad hasta el máximo autorizado por la Comisión Europea (20% de lo recaudado), elevándola así hasta los 280 millones de euros.

También proponen modificar la compensación, hasta alcanzar el 100% del coste real, de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de territorios no peninsulares.

En cuanto a los contratos de compraventa a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), rechazan la medida y consideran que solamente define la obligatoriedad de contratar a plazo un 10% del consumo anual, al consumidor, pero no establece ninguna medida sobre el precio de venta que fije el suministrador.