Las empresas, organizaciones y asociaciones que conforman el tejido mar-industria alimentaria de Galicia demandan la creación en la Comunidad gallega de una mesa de análisis y negociación sobre la prevista modificación de la Ley de Costas.

En esta mesa, además de los representantes del sector solicitan que esté también el Gobierno de la Xunta. El objeto de la mesa sería «garantizar la preservación de las condiciones indispensables para el desarrollo sostenible y viable» de sus actividades y, por lo tanto, «de la vida económica de nuestro litoral».

La demanda ha sido realizada en una comparecencia conjunta que ha tenido lugar en Vilagarcía de Arousa y en la que han estado representadas la Asociación Gallega de Depuradores y Comercializadores de Moluscos, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, el Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca, el Clúster y el Centro Tecnológico de la Acuicultura, la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y varias asociaciones mejilloneras.

Los sectores afectados consideran que cualquier reforma legislativa «en una materia tan sensible» como la legislación de Costas reconozca el peso decisivo que los sectores del mar, la industria, la acuicultura y el marisqueo tienen en la vida económica y social de Galicia. Es por ello que creen imprescindible ser tenidos en cuenta antes de aprobar cualquier modificación en la normativa de Costas.

ESTUDIO DE AFECTACIÓN

El presidente de la Asociación Gallega de Depuradores y Comercializadores de Moluscos (Agade), Roberto Fariña, ha pedido además al Ministerio para la Transición Ecológica que, antes de realizar cualquier modificación de la ley, haga un estudio de afectación socioeconómica a Galicia, en el que se evalúe de qué manera afectará el nuevo reglamento a las empresas, a los puestos de trabajo y a la propia sociedad gallega.

«Es muy fácil legislar desde un despacho del Ministerio en Madrid, pero tratar de normativizar sin tener en cuenta las particularidades de Galicia supone una tremenda irresponsabilidad», ha señalado.

Los representantes de las empresas que conforman el tejido mar-industria alimentaria de Galicia ha incidido en que están «absolutamente desvinculados de cualquier ideología política, adscripción partidaria o cualquier vínculo de clase más allá de nuestros respectivos sectores y nuestro compromiso con el empleo, la creación de riqueza y la sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestras empresas y entidades».

En este sentido, han señalado que lo que la modificación de la Ley de Costas pone en juego es «la principal fuente de creación de riqueza en la costa, un número ingente de puestos de trabajo directos e indirectos, la fijación de la población en la Galicia costera y, con todo ello, el futuro de la propia Galicia».

APOYO DEL PARLAMENTO

También han recordado los representantes de los sectores afectados por la modificación legislativa que hace unas semanas presentaron la problemática del sector en relación con la legislación de Costas a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el Parlamento de Galicia, ofreciéndoles a todos ellos un texto, único e idéntico de una proposición no de ley de apoyo de la Cámara al sector gallego mar-alimentario.

«En estos momentos la están considerando y esperamos tenga una acogida favorable y sea aprobada unánimemente por el Pleno del Parlamento», han indicado.

SEGURIDAD JURÍDICA

Los representantes de los productores y de las empresas transformadoras han incidido en la necesidad de contar con una «seguridad jurídica» para poder llevar a cabo planes de inversión y de expansión. «A pesar de que somos una potencia a nivel mundial en el sector del mar-industria, no estamos solos en el mercado. Y para ser competitivos necesitamos, sí o sí, seguridad jurídica», ha comentado Roberto Fariña.

El presidente de Agame ha revelado que los sectores afectados no tienen ninguna notificación oficial directa desde el Ministerio respecto a los planes de modificación del reglamento de la ley de Costas. Es por ello que ya han solicitado una reunión con la ministra para la Transición Ecológica.

«El Ministerio debe actuar de manera racional indicando claramente cómo está la situación en este momento», ha señalado Fariña, al tiempo que ha recordado que el plan inicial era «dejar toda la costa libre de actividades económica».