El conselleiro de Economía, Francisco Conde, se ha reunido este martes con representantes de la industria gallega para consensuar alegaciones a presentar ante el Gobierno central antes del jueves al estatuto de las empresas electrointensivas.

En declaraciones a los medios tras el encuentro en Santiago, Conde avisa de que hay una «unidad clara» en Galicia frente a este estatuto, ya que el Gobierno «está utilizando la política energética como un instrumento de discriminación territorial».

Al respecto, sostiene que en este estatuto «hay comunidades autónomas que se ven beneficiadas por ese incremento de 119 empresas a más de 600 que pueden entrar en el sistema», entre las que cita a «País Vasco y Cataluña», mientras «dejan fuera a empresas que están situadas» en Galicia.

Carga contra que las empresas que «más ayudan necesitan reciben menos y se abre a más de 450 empresas que antes no estaban en el sistema de consumidores electrointensivos para que se puedan beneficiar».

El sector electrointensivo cuenta con 5.000 empleos directos en Galicia que están «amenazados» por «una decisión» del Gobierno de presentar un estatuto que «no responde a las necesidades que tienen las empresas», dado que «no establece un precio competitivo» para «estar en igualdad de condiciones» que el resto de países europeos.

Todo ello, mientras el Gobierno gallego trabaja en un frente común con Asturias y Cantabria en defensa de la viabilidad de las empresas electrointensivas.

ALEGACIONES «PREVISIBLES»

Sobre las alegaciones al estatuto, la Xunta ha indicado que serán «previsibles» y «realistas» en línea con las ya remitidas por primera vez en marzo de 2019.

Entre ellas, se demanda la creación de la figura de hiperelectrointensivas, compensaciones fiscales y descuentos hasta el máximo permitido en el pago de los peajes eléctricos.

Y es que Conde recuerda que países como Francia crearon la figura de consumidores hiperelectrointensivos, por lo que emplaza a que haya esta misma «caracterización» en España.

Censura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «le está diciendo un no a la industria electrointensiva». Opina que «no se trata de tener un estatuto», sino de tener medidas fiscales y que haya una subasta de interrumpibilidad que permita un precio «competitivo».

De tal forma, Francisco Conde emplaza al Ejecutivo central a una «rectificación» porque el borrador pone a las empresas «en una situación peor que el punto de partida», pues «en estos momentos hace inviable la continuidad de empresas como puede ser Alcoa San Cibrao».