El número de empleados públicos en Galicia alcanza los 147.902 trabajadores, según se desprende del último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que emite el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Esta cifra corresponde al mes de julio de 2019 y supone un aumento de 949 efectivos en comparación al boletín estadístico anual publicado en enero de 2019, un 0,64% más.

Es en las provincias de A Coruña y Pontevedra donde más funcionarios trabajan, 64.570 y 44.928 respectivamente. Por su parte, Ourense y Lugo cuentan con 19.722 y 18.682 empleados públicos activos.

Todos ellos se distribuyen en diferentes sectores. Del conjunto de la Comunidad, la mayoría se dedican a la Administración de la Xunta de Galicia (93.368), 27.527 a la Administración local y 27.007 a la Administración del Estado.

De este análisis también se desprende que 86.559 puestos públicos son ocupados por mujeres (el 58,5%) en Galicia y 61.343 por hombres (el 41,5%).

CONJUNTO ESTATAL

Por otra parte, en el conjunto del estado se cuenta con 2.595.575 millones de trabajadores, lo que supone un incremento de 17.187 efectivos de enero a julio de 2019, un 0,67% más.

Por sectores, el sector público del estado cuenta con 513.954 empleados públicos, 6.124 más. De estos 231.760 pertenecen a la Administración General del Estado, personal de los ministerios y de sus organismos, 257.816 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 a la Administración de Justicia.

Un total de 1.499.304 funcionarios son del sector público en las comunidades autónomas y 538.317 del sector público de la administración local.

Del total de empleados públicos, el 57,76% presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, el 19,8% en el sector público del Estado y el 22,43% en el sector público de las entidades locales.

El 56% es personal funcional de carrera, el 22,4% es personal laboral y el resto de personal (interino, personal eventual y otro) supone el 21,6%.

Este boletín tiene como novedad la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del estado.