La mesa negociadora del convenio provincial del Metal de Pontevedra, que afecta a 30.000 trabajadores y más de 3.000 empresas, ha quedado constituida este lunes por miembros de la patronal (Asime, Atra e Instaelectra) y de los sindicatos CC.OO., UGT y CIG.

Según ha trasladado el secretario general de Asime, Enrique Mallón, se abre ahora un plazo de negociación «compleja» por los «tiempos de cambio» que vive este sector, y ha recordado que, entre los principales retos que debe afrontar, está la transformación digital, o los planes de igualdad y conciliación.

Mallón ha apuntado que 2020 y, «posiblemente también 2021» serán años «de incertidumbre», en los que esta industria debe también hacer frente a otros desafíos externos, como el ‘Brexit’. «Queremos una negociación rigurosa, responsable y que analice bien la situación de las empresas», ha señalado.

Asimismo, ha recordado que «la competitividad» del Metal de la provincia dependerá de este convenio, no solo en materia de salarios, sino también de «flexibilidad» y de «adaptación» a las condiciones de producción y demanda.

CONVENIO «DE REFERENCIA»

Por su parte, los representantes sindicales han coincidido en señalar que el convenio del Metal de la provincia de Pontevedra es una «referencia» y «marca tendencia» en éste y otros sectores de toda Galicia, y han abogado por un acuerdo que se adapte a los cambios de esta industria y frene la precariedad.

Así, el responsable comarcal de Industria de la CIG, Xulio Fernández, ha recalcado que «es importante» abordar las mejoras salariales y medidas que pongan fin a la precariedad, además de fijar cómo deben quedar las empresas multiservicio, o los centros especiales de contratación.

Celso Carnero, responsable de Industria de CC.OO., ha apostado por una negociación «ágil» y por un convenio que dé «estabilidad» al sector, y refleje «modernización y avances». Asimismo, ha trasladado su esperanza de que haya unidad sindical y que, después de una década de acuerdos firmados solo por UGT y CC.OO., «se sumen otros».

Finalmente, Rubén Pérez, de UGT, ha indicado que este acuerdo «debe actualizarse porque hay nuevas realidades» en esta industria y también «desde el punto de vista de la legislación», y ha pedido que sirva para «mejorar la conciliación, aumentar el poder adquisitivo, aumentar la estabilidad y luchar contra la precariedad».

Asimismo, ha reclamado que los costes y el «esfuerzo» que tienen las empresas por cuestiones como la factura energética o la logística, no se trasladen a las plantillas en forma de peores condiciones laborales.