Precariedad, pobreza salarial, falta de empleo y de negociación colectiva… son algunos de los problemas centrales de la sociedad en la comunidad gallega y que centrarán la actividad de la CIG para este año. Estos serán también los ejes de las demandas que el sindicato trasladará a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el encuentro que mantendrán el próximo 10 de febrero, y que irán de la mano de una petición firme para derogar íntegramente la reforma laboral.
Para la CIG, el «golpe de Estado» a los derechos de los trabajadores (la reforma laboral) solo puede terminar con «una ruptura democrática», es decir, «con una derogación total» y «sin medias tintas», y no una «transición». Del mismo modo, han advertido que el diálogo social «no valdrá» para dar una solución a esta cuestión, puesto que no es más que un mecanismo «que genera desmovilización y domesticación».
Es por ello que el sindicato trasladará a Díaz que «no podrá haber empleos y salarios dignos» mientras esté vigente «un solo artículo» de esta reforma, para la que no caben acciones «parciales» y «en diferido» ni «falsedades» como las que se han visto alrededor del Salario Mínimo Interprofesional, todavía por debajo del salario medio propuesto.
El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido en rueda de prensa de que la movilización social y al negociación colectiva va a ser «clave» para la recuperación de los salarios y para poner fin a la precariedad laboral.
De hecho, el sindicato tiene convocadas manifestaciones este día 30 por la situación «urgente» y «la crisis industrial» de Galicia, tanto por el sector de la electrointensiva, el naval, la «incerteza» del automóvil o las deslocalizaciones de los centros de llamadas.
«Salimos a la calle para constatar y demostrar que la movilización sostenida en el tiempo, que debemos activar y forzar al máximo, es el camino para conseguir una derogación de esta reforma laboral, para poder recuperar derechos, para avanzar y dar una solución ante la situación difícil y crítica de nuestro país. Ni el poder económico ni el político va a regalar ningún derecho».
FALTA DE NEGOCIACIÓN
La CIG ha denunciado que el número de convenios sectoriales negociados ha sido un 50 por ciento inferior a los años anteriores a la crisis, y muchos están «paralizados» por la falta de negociación o de la implantación sindical.
Galicia es la comunidad con la jornada más alta después de Andalucía y todavía está «lejos» de empezar a caminar hacia la recuperación del poder adquisitivo anterior a los recortes, sobre todo de la bajada salarial del 9 por ciento desde 2009, según el sindicato.
Los ingresos salariales en Galicia se mantienen, además, un 3,3 por ciento por debajo de la media estatal y la participación de la población asalariada en la renta sigue descendiendo. Entre el 2009 y el 2018, los salarios aumentaron un 5,2 por ciento, pero la pérdida de poder adquisitivo real ascendió al 6,6 por ciento, teniendo en cuenta la inflación, según la CIG.
Esto transcurre, en paralelo, a una «consolidación» de las negociaciones en el marco estatal. Así, buscan incentivar y potenciar el marco gallego, luchando por al aplicación del registro de jornada contra los «abusos» en las empresas, contra las nuevas formas de explotación laboral, como las empresas multiservicios; la defensa de los derechos de los falsos autónomos; y afrontar la precariedad y la pobreza laboral, sobre todo con la brecha entre los jóvenes y las mujeres respecto al resto de la clase trabajadora.
‘SMI’ DIRECTO
Algunas de las características que registra el mercado es el aumento de la diferencia entre los que perciben más y menos ingresos, la edad como factor de gran diferencia entre salarios, el aumento de la desigualdad por sectores y el estancamiento de aquellas relacionadas con el género o entre la Galicia interior y el litoral.
Una de las reclamaciones del sindicato radica en la consecución de un salario mínimo que alcance el 60 por ciento de la media salarial y que sea «de aplicación directa», es decir, que no pueda absorverse a través de complementos en la nómina, además de la eliminación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Asimismo, se incidirá en al aplicación del SMI en la negociación colectiva, cláusulas de garantía salarial y la igualdad retributiva, sin discriminaciones por razón de sexo.
Para hacer frente a la precariedad, reclaman un control de la subcontratación y ETT, de la contratación a tiempo parcial y de las empresas multiservicios, además de cuestiones de importancia como el registro de jornada o del teletrabajo.
